La industria de los abogados fiscalistas debe estar frotándose las manos respecto al paquete hacendario que en esta semana discutirá y votará el Congreso. La industria del amparo fiscal —una de las más ricas de México— debe estar ya preparando amparos contra todo lo que se apruebe.

Cuando se creó el IETU, por ejemplo, se presentaron más de 30 mil amparos contra el impuesto, nueve de cada diez quejosos fueron empresas, incluidas las más grandes del país.

Todos conocemos casos de Jugos del Valle o Alsea y los miles de millones de pesos que se han devuelto a empresas que acuden al amparo fiscal. Es un ritual que sucede cada año después de la aprobación de la miscelánea fiscal, no importa del tamaño que ésta sea. Los bufetes de abogados interponen a nombre de sus clientes —empresas de todos tamaños— solicitudes de amparo contra todo impuesto. Su porcentaje de éxito en las cortes no es muy grande, pero cuando ganan, ganan mucho. Millones y millones. Y en el proceso han provocado un costo para el gobierno y los tribunales, que tienen que lidiar con las montañas de papel.

Como lo ha explicado Carlos Elizondo, uno de los investigadores que ha dedicado más tiempo al asunto: “Las bases constitucionales de esta protección son endebles. Se encuentran en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, donde se establece como obligación de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos (...) de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’. Estos principios no figuran en el capítulo de garantías individuales de la Constitución, sus primeros 29 artículos, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, a principios de los años sesenta, que la violación de dicho artículo constituye una violación a las garantías de los contribuyentes. Así se estableció la procedencia del juicio de amparo contra leyes fiscales que suponen violaciones al artículo 31”.

Hace unos años, se hizo un esfuerzo serio para acabar con el amparo fiscal, pero fue detenido en el Senado por la bancada del PRI. En esta ocasión, el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió no incluirlo en su paquete de reforma hacendaria, por lo que seguramente a partir de enero los abogados comenzarán, una vez más, a engrosar sus billeteras impugnando lo que esta semana apruebe el Congreso.

Twitter: @puigcarlos