Agencias
MÉXICO, D.F.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó en la segunda quincena de octubre, descuentos a 72 mil 648 maestros que faltaron injustificadamente a sus labores el pasado 2 de octubre, y que totalizan un monto de 38 millones 377 mil 794 pesos.

La dependencia precisó que en la primera quincena de noviembre se aplicarán descuentos a 85 mil 296 profesores que no asistieron a clases el 12 de octubre pasado, con un monto en total de 43.4 millones de pesos.

Detalló que el 2 de octubre faltaron en Michoacán 13 mil 238 profesores, y se les descontaron cinco millones 30 mil 440 pesos; en Oaxaca, 58 mil, con descuento de 32 millones 480 mil pesos; en Tabasco 797, con descuento de 640 mil 604 pesos; en Colima, 61, con descuento de 33 mil 550 pesos, y en Zacatecas, 60, con descuento de 21 mil pesos en total.

En Guerrero no hubo suspensión de clases, por lo que no se aplicarán descuentos, señaló la SEP en un comunicado divulgado por Notimex.

Los recursos no erogados serán utilizados conforme a la normatividad aplicable y en particular se utilizarán para reforzar el trabajo de maestros que cumplen funciones de tutoría, asesoría técnico pedagógica y evaluación de profesores, como parte del Servicio Profesional Docente (SPD).

En un comunicado, la dependencia subrayó que los tutores son maestros que fuera de su horario escolar apoyan el desempeño de maestros de nuevo ingreso; los asesores técnico pedagógicos son profesores que reciben formación adicional, fuera de su horario de trabajo, para apoyar el desempeño en los planteles, y los evaluadores son mentores que se certifican para evaluar a otros maestros, lo que está considerado en el SPD.

Los descuentos son aplicados con base en la información validada por los gobiernos estatales.

La SEP precisó que dará vista al Órgano Interno de Control sobre las autoridades de las entidades federativas que no cumplan con su deber de informar las inasistencias de las fechas señaladas.

A partir de ello, podrán ser iniciados los procedimientos correspondientes, y, en su caso, aplicarse sanciones administrativas, independientemente de las denuncias que procedan por la mala aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).