La movilización ciudadana es la base del desarrollo social. El poder de una sociedad organizada en los asuntos públicos se comprobó por enésima ocasión, por ejemplo, durante los últimos días de contingencia en Quintana Roo y el país, fortaleciendo los derechos más elementales. Es innegable la importancia que tiene para cualquier país democrático contar con mecanismos de participación y representación. 

Esta semana, el gobernador Roberto Borge Angulo, y el ombudsman Harley Sosa Guillén, firmarán un acuerdo para promover estímulos y condonar créditos fiscales ante notarios por trámites de organizaciones civiles en derechos humanos, esto para fomentar el surgimiento y la consolidación de agrupaciones. Es por segundo año consecutivo, lo cual da cuenta de una política pública ya asimilada.

Su importancia radica no solo en las facilidades económicas al aplicar descuentos, en la simplificación de requisitos o en la agilización de trámites, sino en que se fortalece la relación entre gobernantes y gobernados, así como entre ciudadanos, multiplicando la cultura de la legalidad, cuyo fin último es asegurar la dignidad humana. 

La Comisión estatal de los Derechos Humanos fijó en su Plan de Trabajo 2014-2018 que noviembre sería el mes de las organizaciones sociales, un compromiso adquirido al inicio de la presidencia de Sosa Guillén, precisamente en foros de consulta con activistas y líderes de opinión, quienes solicitaron las facilidades que hoy son una realidad. 

Ha sido una medida acertada: junto con la aparición de asociaciones serias, las quejas por actos u omisiones de las autoridades han aumentado, lo que también significa un incremento de recomendaciones, logrando un círculo virtuoso que, sin embargo, aún debe perfeccionarse. Lo cierto es que hay una mayor posibilidad de acceder a estas instancias y de recibir respuestas más completas. Se ha entendido que no basta tener voz en las decisiones, sino en que prevalezca un amplio y activo compromiso.

El respeto a los derechos no puede estar circunscrito únicamente al reconocimiento de la autoridad, sino a su efectivo cumplimiento, a través de la comunicación pública, libre, abierta y plural, para retroalimentar las acciones de los servidores públicos y de facilitar los mecanismos tecnológicos que lo permitan. En este sentido, el 075 de los derechos humanos, los correos, las redes sociales y el “ombudsbuzón” son avances significativos.

En suma, estos acuerdos son relevantes para quienes luchan desde distintas trincheras para defender y promover los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, ya que acceden a los apoyos de la administración pública. La entidad cuenta con un ejército numeroso de activistas que contribuyen a fortalecer los derechos humanos, por lo que resulta prioritario establecer canales de comunicación y motivar el trabajo altruista.  

El año pasado fueron 66 las organizaciones beneficiadas con esta firma. Este año prevén una cifra mayor, confirmando con ello lo ya expuesto, pero sobre todo, que los líderes están dándose cuenta que la participación ordenada puede mejorar las dinámicas en torno a la salud, la educación, la atención a grupos vulnerables, entre otras. 

Entre más exigente sea la ciudadanía, más amplias serán sus expectativas y demandas, aunque debe enfatizarse la importancia de la transparencia, el acceso a la información y, sobre todo, en la rendición de cuentas, ya que la eficiencia de la participación depende en gran medida de lo que puedan obtener los ciudadanos.

Por el momento hay apertura, diálogo y facilidades; resta seguir impulsando una participación cada vez más racional frente a problemas comunes y compartidos por todos.