Jorge Euán/SIPSE
TICUL, Yuc.- Más de 200 mujeres de diferentes municipios del sur del Estado se reunieron en Ticul para participar en el foro “Difusión de los derechos de la mujer rural y combate a la violencia de género en el pueblo maya”, donde se reconoció que en Yucatán prevalecen los casos de agresión física, económica, psicológica y sexual hacia este sector de la población.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, y como parte de la elaboración del Plan Estatal de Derechos Humanos, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) organizó este espacio de difusión de los derechos humanos de las mujeres, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y las comisiones nacional (CNDH), y estatal de Derechos Humanos, (Codhey), respectivamente.

“El trabajo de la dependencia estatal se centra de manera muy especial en las comunidades marginadas que por sus circunstancias es donde se registra el mayor número de casos de violencia en contra de las mujeres”, señaló Rosario Cetina, directora del Indemaya.

Puntualizó que el foro surge de la necesidad de fortalecer de manera permanente las acciones de prevención de violencia en el medio indígena, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en Yucatán hay un millón 80 mil personas mayores de tres años de edad, que son de origen maya, es decir, el 58 por ciento de la población del Estado, y de ese total 530 mil 287 son mujeres.

Petición

Durante las conferencias se reconoció que la violencia hacia la mujer se trata no sólo de un problema de salud pública sino también de derechos humanos, que alcanza a mujeres sin distinción de nivel económico y social.

Ante esta realidad, se pidió a las autoridades el diseño de políticas públicas efectivas que permitan abordar las principales causas de este fenómeno, que causa la muerte de muchas mujeres en México.

Se planteó la necesidad de capitalizar estos esfuerzos mediante la construcción de nuevas políticas de corresponsabilidad, entre el Estado y sociedad, para que las mujeres puedan incorporarse al desarrollo con igualdad y respeto a sus derechos humanos.