Armando Galera/SIPSE
BACALAR, Q. Roo.- Las rentas vacacionales en Bacalar tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos dos años, al pasar de 340 en 2017 a mil 370 unidades en este año, lo que ponen en aprietos a la laguna en cuanto al tema de drenaje sanitario.

De acuerdo con las autoridades, cada vez más pobladores de Bacalar ofrecen sus viviendas en la plataforma de alquileres turísticos, sin realizar las modificaciones de drenaje necesarios para atender a un mayor número de habitantes, lo que genera un problema de contaminación.

De acuerdo con la aplicación digital, 270 de ellas afirman encontrarse a menos de 250 metros de la Laguna de Bacalar, con un costo que oscila entre los 300 a mil 500 pesos por noche; en tanto que otras 89 ofrecen descanso en la franja costera, con precios que van desde los mil 200 hasta los 20 mil pesos por día, dependiendo si es habitación para una persona o una cabaña para 10.

Sin embargo, durante ese período el Ayuntamiento de Bacalar ha sido notificado únicamente de 76 solicitudes de cambio de vivienda a espacio de alojamiento turístico.

Para la Dirección de Desarrollo Urbano de ese municipio,  aproximadamente mil 200 viviendas están funcionando como hoteles, cuando no tienen permiso ni la infraestructura para ello.

Sin embargo, debido a que sólo cuentan con una plantilla de dos inspectores, para el ayuntamiento bacalarense es casi imposible darse abasto para verificar cada una de esas propiedades.

Al respecto, Miguel Nadal Novelo, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) en el Estado, dijo que esto impacta de manera negativa al sistema acuífero de Bacalar, ya que se ha detectado que los propietarios de dichas unidades no están realizando las adecuaciones necesarias al sistema de drenaje para tratar las aguas residuales.

“No es lo mismo un sistema de tratamiento de una casa donde viven tres o cuatro personas, a uno que aloja 20 al día. Por esta razón su drenaje rebosa y las aguas residuales se filtran hacia el subsuelo o se filtran en la laguna, acelerando con ello la contaminación del cuerpo de agua”, advirtió.

Refiere que la PPA realiza trabajos operativos en conjunto con la Profepa y el ayuntamiento, para que los dueños de estas propiedades cumplan con las medidas de impacto ambiental mínimas que requiere un complejo de alojamiento masivo.