Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La medida de implementar la recaudación del impuesto predial a nivel estatal traerá una mayor transparencia, por lo que las próximas administraciones municipales deben analizar pasar la estafeta al gobierno estatal para que reciba los recursos del impuesto, señaló Pablo Gutiérrez Laguna, representante de difusión de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac), capítulo Cancún.

Aún no se pueden evaluar la bondades, pues no arrancó en Quintana Roo, sin embargo, traerá mayores ingresos económicos al estado que bajarán a los municipio, además de que va acorde con las estrategias a nivel nacional, mencionó Pablo Gutiérrez Laguna.

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“Creo que aunque hay independencia en los municipios, el estado es rector de la economía estatal, por lo que la medida es positiva”, mencionó.

Un reto para la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que es la que está impulsando este proyecto, es crear esquemas de trasparencia para permitir a cualquiera que tenga acceso a ver cuánto se está recaudando.

En julio, la dependencia estatal informó del convenio con el municipio Othón P. Blanco, para comenzar a recaudar el impuesto; aunque hasta ahora no ha sido ejecutado, por lo que habrá que esperar a la entrada de las nuevas administraciones.

Si el estado logra aplicar su fuerza fiscalizadora a través de esquemas de invitación y exhorto para que se pague, lejos de que los municipios se opongan ayudará a generar entre ambos gobiernos una recaudación importante, en beneficio de una distribución municipal que debe permear a la ciudadanía, pues al final son los que pagan el impuesto, mencionó Gutiérrez Laguna.
“El programa además va acorde a lo que está proyectando el gobierno federal, es decir, un programa de amnistía fiscal, de esa forma al entrar la nueva administración no se tengan adeudos, y los contribuyentes cumplan con el pago del impuesto”, agregó.

La Ley de Coordinación Fiscal Federal que surgió en 2013, da la posibilidad de realizar este convenio ente estado y municipio con la finalidad de tener un incremento en los ingresos totales, contemplando mayores participaciones federales y otros fondos que se trasladarían a su vez a los municipios.