CANCÚN, Q. Roo.- La entidad figura como uno de los estados en México al que las personas deportadas de Estados Unidos o que no pudieron internarse en ese país, ven como una opción para cumplir sus metas laborales, por lo que es necesario proteger sus derechos y contar con cifras para saber en qué se están ocupando, pero sobre todo para crear políticas públicas, comentó Eunice Rendón, coordinadora de la asociación Agenta Migrante, dedicada a estudiar el fenómeno.

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La vocación turística de Quintana Roo y el alto nivel en los índices de empleo con que cuenta, lo convierte en una segunda opción para quienes buscan trabajo o que por las restricciones migratorias del actual gobierno en Estados Unidos, deben abandonar ese país.

A pesar de que Agenda Migrante no cuenta con cifras que hagan referencia al número de migrantes que durante su tránsito a Estados Unidos se quedan en Quintana Roo a laborar, o que al ser deportados ven en la entidad la oportunidad que se vieron obligados a abandonar, si pudo afirmar que Quintana Roo es uno de los estados de “recepción”.

“Institucionalmente no se  ha dado la importancia que tiene, los datos duros son necesarios para la creación de políticas públicas”

Eunice Rendón, detalló que durante el 2017, alrededor de 15 mil migrantes pidieron refugio a México, antes de ese año el promedio se mantuvo entre dos mil y tres mil personas.

Unos de los retos, dijo, es saber en qué están trabajando las personas en México, si tienen empleos legales o ilegales, si quienes los contratan respetan sus derechos fundamentales como personas y como trabajadores, pero si no existen datos duros, esa información es ignorada por las autoridades.

Actualmente, Solidaridad, uno de los dos con mayor oferta de empleo, a la par que Benito Juárez, es el único municipio en Quintana Roo que cuenta con una oficina de atención al migrante.

“La falta de cifras y estadísticas ayuda a tener políticas públicas basadas en evidencia, para conocer la magnitud del problema, hasta ahora lo conocemos desde un terreno testimonial o vivencial, le corresponde el Instituto Nacional de Migración (INM) decir cuantos se están quedando y el gobierno del estado tiene parte de esa responsabilidad”, remarcó.