Verónica Fajardo/ SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La alerta de género que se declaró hace dos semanas en Quintana Roo, sigue emitiendo recomendaciones para los municipios y el gobierno del estado, como elaborar un estudio sobre los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de protocolos para investigar y juzgar la perspectiva de género, entre otras encomiendas.

La diputada de Equidad y Género del Congreso local Ana Patricia Peralta de la Peña,  señaló que hasta el momento las dependencias no cuentan con un programa estadístico y social que definan los factores de violencia de Género, por su parte la directora  del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio  de Benito Juárez  Erika Camacho Escalante resaltó que esta dependencia comienza a recabar información para tener un observatorio de violencia.

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Ana Patricia Peralta resaltó que el Congreso del estado ha cumplido con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el marco legal, con la actualización de la Ley de una vida sin violencia para las mujeres.

El congreso del estado ha propuesto la aplicación de un banco de datos, en donde se registre las cifras de mujeres que padecen violencia de género, porque no hay a nivel nacional cifras fidedignas y actualizadas en los tres niveles de gobierno.

Observatorio de violencia

La directora del DIF municipal Erika Camacho resaltó que  la dependencia pretende tener su propio observatorio de violencia, de acuerdo a las personas que atienden con este problema  para no depender del Observatorio de Violencia Social  y de Género, para tener sus propias estadísticas y actualizarlas constantemente.

Por el momento se está trabajando en un levantamiento de información dentro del DIF, con el cabildo y se utilizan las últimas cifras del Observatorio de Violencia Social y de Género para que a partir de un parámetro   el ayuntamiento tenga su propia base de datos.

La alerta de género se implementó para asegurar el cese de la violencia contra las mujeres en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel y asegurar el cese de la violencia contra las mujeres, tomando en cuenta las condiciones culturales, sociales e institucionales que enfrentan para ejercer sus derechos humanos a una vida libre de violencia y de discriminación en razón de género.