Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Víctor Vivas Vivas, magistrado del Teqroo fue sentado en el banquillo de los acusados, derivado de un caso de maltrato, que investiga la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

De acuerdo con la información recabada, son varias las quejas que enfrenta el magistrado no solo por maltrato laboral sino también por discriminación.

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Vivas Vivas acudió, ayer, acompañado por un Notario Público para conocer el expediente y permaneció por un par de horas en las instalaciones de la Visitaduría Adjunta de la ciudad de Chetumal, donde en todo momento se le notó enojado y desconcertado.

El caso deriva de una queja presentada por Héctor Alarcón Galindo, que después de 13 años al interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo, fue prácticamente obligado a renunciar por Vivas Vivas.

En su denuncia, la víctima señala que su separación del cargo de Jefe de Comunicación Social del  Teqroo fue resultado del maltrato y mobbing laboral por parte del magistrado.

“Tal situación provocó grados de angustia o incluso rasgos de depresión físicos como pérdida de peso, dolores de cabeza o insomnio”, denunció en  su oportunidad Alarcón Galindo.

El caso ha sido denunciado, no solo ante el organismo local, sino también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como el Senado de la República, el cual fue el responsable de la ratificación del magistrado.

Apenas en mayo de este año, Vivas Vivas dejó la presidencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, tras ser exhibido en grabaciones de audio, por lo que la titularidad quedó a manos de Nora Cerón González.

Sin embargo, a pesar del cambio, las cosas siguen igual porque no existe ningún avance ni disposición alguna para atender el caso del ex trabajador, que hasta la fecha sigue esperando una liquidación conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Actualmente, el Teqroo enfrenta además dos juicios laborales identificados con los números CL001/2017 y CL002/2017, que en caso de procedencia  tendrá que pagar 573 mil pesos, por concepto de indemnización y salarios caídos.