Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de la Gestión Pública deberán aplicar las sanciones correspondientes, además de realizar las acciones necesarias para evitar reintegrar más de 60 millones de pesos observados por la ASF en la cuenta pública 2016.

Emiliano Ramos  Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura, consideró que la determinación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) era de esperarse, sobre todo, porque los recursos económicos de los fondos federales fueron entregados en su momento a la administración estatal anterior.

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“Es parte de la resaca queda de la anterior administración, que la fue la manejó la mayor parte del ejercicio fiscal. Es lamentable que se tenga que regresar dinero que en su momento pudo haber servido para atender necesidades de la población, sobre todo en lo que refiere al sector salud. De ahí que es importante determinar al responsable”, señaló el legislador local.

Javier Padilla Balam, presidente de la Diputación Permanente del Congreso local, consideró que los cambios recientes en cuanto a tiempos y auditorías permitirán aplicar las sanciones administrativas ordenadas por la ASF, comparada con ejercicios fiscales anteriores, cuando la observación llegaba un año y dos meses después de cerrada la cuenta pública.

En los últimos meses de la administración de Roberto Borge Angulo, la Gestión Pública declaró la prescripción de la facultad sancionatoria en más de 30 expedientes, derivados de procedimiento ordenas por la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a observaciones a cuentas públicas 2011-2013.

Para los legisladores, es un avance el hecho de que a seis meses de haber cerrado el ejercicio fiscal se den a conocer los primeros resultados de auditoría, porque ello permitirá a las instancias correspondientes desahogar los procedimientos y determinar alguna sanción, antes de la prescripción de la falta.

En los primeros informes, la ASF ordenó 26 promociones de responsabilidad administrativa y sancionatoria, todas contra funcionarios de la Secretaría Estatal de Salud (SESA).