Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Juicio Político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, continúa firme y una posible entrada en funciones como legislador federal no frenará el procedimiento, señaló Eduardo Martínez Arcila, presidente del Congreso Local.

Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), es suplente de José Luis Toledo Medina, quien aspira a encabezar la candidatura del PAN-PRD-MC a la presidencia municipal de Benito Juárez.

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En caso de licencia, Juan Pablo Guillermo Molina estaría en condiciones de ocupar la diputación federal.

Entrevistado al respecto, Martínez Arcila, señaló que en el caso del procedimiento que se encuentra en manos de la Legislatura no tendría repercusión alguna, toda vez, que el fuero federal únicamente aplica para cuestiones penales y no para temas administrativos.

“No tiene nada que ver el que pueda tener fuero, porque es contra aquellos delitos del tipo penal que puedan concluir en una privación de la libertad. En este caso es un Juicio Político eminentemente de responsabilidad administrativa”, señaló.

Para el legislador local, el hecho de que José Luis Toledo Medina, pudiera encabezar en algún momento (aún no se determina el nombre) la candidatura en Benito Juárez, no es garantía de que su suplente llegue al Congreso Federal.

Recordó que a nivel federal ha quedado establecido que en el caso de los legisladores federales no están obligados a dejar la curul para buscar un cargo de elección popular a nivel local.

“Primero habrá que ver si el ciudadanos es candidato, y segundo, habrá que ver si solicita licencia y tercero habrá que ver asume la diputación su suplente, porque desde los últimos sucesos entiendo que hay un acuerdo en el Congreso de la Unión, para evitar que personajes busquen aprovecharse del fuero”, señaló el diputado local.

En el ámbito penal, el nombre de Juan Pablo Guillermo Molina aparece en lista de ex funcionarios señalados como responsables de contratos irregulares a través de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos y que causaron un daño patrimonial por 594 millones de pesos, además de otras denuncias.