Ángel Castilla/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Profepa interpondrá la pena máxima a menonitas por la deforestación de más de tres mil hectáreas de selva en el municipio de Bacalar, sin autorización de uso de suelo forestal.

Guillermo Haro Bélchez, procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que la muta será la máxima, 50 mil salarios mínimos, aunque convertida a UMA queda en tres millones 774 mil 500 pesos, considerada en 75.49 pesos por día.

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Indicó que existe una denuncia penal por estos hechos y se aplicará con todo rigor todo el peso de la ley para garantizar que ya no exista ninguna otra devastación en Bacalar o cualquier otro sitio.

“En materia ambienta no habrá tolerancia, actuamos en los términos que nos dicta la ley, se clausuró aproximadamente hace un mes, cuando tuvimos conocimiento de los hechos, y desde hace 15 días se está llevando a cabo el procedimiento de ley con base a una denuncia penal interpuesta”.

En un plazo no mayor a 60 días será notificada la comunidad de menonitas de la denuncia presentada en su contra y se aplicará el peso de la ley, pues no quedará impune el desmonte de alrededor de tres mil hectáreas de selva en el municipio de Bacalar sin permiso de uso de suelo.

“Los responsables tendrán que pagar una abultada multa por este atentado al medio ambiente, los culpables directos, serán sujetos a la máxima sanción económica que impone la dependencia federal”.

Haro Bélchez, indicó que los menonitas tienen una peculiaridad en el cumplimiento de la ley en materia ambiental, razón por la que habrá cero tolerancia, ni para nadie que incurra en la sobre explotación del medio ambiente.

En visitas realizadas a los Ejidos de San Fernando, El Bajío y Buena Esperanza, se pudieron apreciar los sellos de la Profepa en terrenos denominados, “El Paraíso”, “El Bajío” y “San Fernando”, por carecer de la autorización para realizar cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Inspectores federales constataron la afectación de una superficie de 108  hectáreas en San Fernando que contenían vegetación secundaria de selva baja espinosa, para el cultivo y siembra de sorgo y maíz, entre otros.

En el Ejido “El Paraíso”, se observó la afectación de una superficie de más de 637 hectáreas, de las cuales 501 pertenecen a selva baja espinosa y 136 hectáreas a selva mediana; en este último ecosistema se distribuye la especie de Palma Ch´íit, (Thrinax radiata) y Zamia, especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en estatus de amenazadas.

En el ejido “El Bajío”, se constató un área total de 694 hectáreas afectadas.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su reglamento y las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas, las violaciones cometidas podrán ser sancionadas con la imposición de una multa por el equivalente de 100 a 20 mil días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, además de la clausura total temporal de las obras y actividades.

La misma ley establece que toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Conforme a lo previsto en el Artículo 418 del Código Penal Federal, dichas conductas pueden derivar en un delito penal y se podrá  imponer una pena de seis meses a nueve años de prisión, así como una multa por el equivalente de cien a tres mil días multa a quien desmonte o destruya la vegetación natural y cambie el uso del suelo forestal.