Inician dos denuncias penales por deuda pública

La Auditoría dio a conocer que los ex funcionarios utilizaron los recursos para otros fines.

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La Aseqroo está investigando el mal manejo de los recursos económicos. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Las autoridades estatales presentaron recientemente las dos denuncias penales contra quien o quienes resulten responsables por el manejo indebido de la deuda pública, contratada entre 2011 y 2015, la cual debió ser para obra pública.

Manuel Palacios Herrera, titular de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), dio a conocer que el principal argumento jurídico contra los ex funcionarios es que no se ajustaron a los decretos aprobados por el Congreso Local y que además utilizaron los recursos para otros fines.

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“Las últimas fueron dos de deuda pública que fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, estrictamente contra las autoridades gubernamentales del Ejecutivo”, señaló Palacios Herrera.

Mediante una auditoría especial al rubro de deuda pública, la Aseqroo constató el origen y verificó el destino de los ingresos extraordinarios obtenidos y erogados por el Poder Ejecutivo por el orden de 21 mil 409 millones 310 mil 740 pesos, determinando que el destino no correspondió a la inversión pública.

“Los empréstitos contaron con autorización del Congreso Local, pero se observa que en dichas autorizaciones, así como en las solicitudes al Congreso por parte del Ejecutivo, son omisos en señalar de manera concreta las inversiones públicas productivas a las que se pretendía destinar los recursos”, señaló el informe.

Además, la misma revisión arrojó que, en su momento, más de dos mil 416 millones de pesos de ese dinero fueron desviados mediante transferencias interbancarias que permitieron perder el rastro.

Se trata de un presunto daño patrimonial al estado, derivado de los movimientos financieros que realizaron ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación, desde Mauricio Góngora Escalante hasta Juan Pablo Guillermo Molina.

“Las decisiones de los servidores públicos, antes aludidos, de seguir contratando deuda aun cuando los indicadores de sobre endeudamiento eran notables, llevaron al Estado a una peor situación financiera de cómo la recibieron”, indicó el documento.

Con esos dos casos, la Aseqroo cerró en 29 el número de denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público, derivado de la revisión especial a Cuentas Públicas y los rubros de deuda pública y gastos por comprobar, de la administración de Roberto Borge Angulo.

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