Planean prohibir regaños y golpes a niños en Q. Roo

Quieren proteger la integridad física y psicológica de los menores de edad.

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La iniciativa presentada por la legisladora local será analizada por los diputados. (Nuestrohijo.com)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Leslie Hendricks Rubio, actual diputada local y ex candidata a diputada federal del PRI, busca restringir los castigos a niños, niñas y adolescentes como medidas correctivas en Quintana Roo.

La Diputación Permanente dio lectura a una iniciativa presentada por la legisladora local mediante la cual, propone modificar diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo.

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La legislación establece actualmente que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia de menores, abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral.

Sin embargo, la propuesta presentada plantea incluir las sanciones corporales como medidas de corrección disciplinaria, sin especificar a qué sanciones se refiere.

La iniciativa propone modificar el artículo 89 de la mencionada legislación local, así como la adición de los artículos 33 Bis y 33 Ter.

Queda prohibido el uso de sanciones corporales, así como los tratos humillantes o degradantes, como formas de corrección disciplinaria, para quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia o quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes”, establece el artículo propuesto.

Para la legisladora se trata de aterrizar en la legislación local, disposiciones federales, así como tratado internacional en materia de protección a los derechos de los menores.

“El pasado 20 de octubre de 2016, el pleno del Senado de la República, aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a Congresos Locales a establecer legislativamente la prohibición del castigo corporal en las leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes”, expone en la fundamentación del documento.

La propuesta fue enviada a las Comisiones de Derechos Humanos así como a la de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables para su análisis y posterior dictamen, que sería atendido en el siguiente periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre.

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