Enrique Mena/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El ex gobernador Roberto Borge Angulo fue vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública y prisión preventiva justificada, por lo que en caso de librar el proceso que enfrenta a nivel federal, deberá seguir en una cárcel.

Un juez de control de Chetumal dictó ayer el auto de vinculación a proceso dentro de la carpeta administrativa 154/2017 en contra del ex mandatario estatal, tras considerar que existen indicios suficientes sobre una actuación fuera de la ley por parte del ex funcionario al otorgar indebidamente cinco concesiones a igual número de empresas para su operación en el municipio de Isla Mujeres.

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Dentro de la determinación del juez se estableció una prisión preventiva por un plazo máximo de dos años, por lo que en caso de ser exonerado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se le sigue en un Juzgado Federal, será detenido y recluido en una cárcel de Quintana Roo.

El auto de vinculación a proceso se dio en el marco de la audiencia de ayer, que se reanudó a las 10:38 de la mañana vía videoconferencia, en la que el Juez desechó los medios de prueba de los abogados defensores del ex gobernador, que señalaban que no había obligatoriedad por parte del servidor público de realizar el pago de derechos.

En la audiencia, el juzgador resolvió la probable participación de Roberto Borge Angulo de no presentar la Declaratoria de Necesidad del Servicio Público y el Pliego de Condiciones, es decir no hacer el trámite respectivo para otorgar las concesiones de Transporte Público, medios de prueba que presentaron los fiscales del Ministerio Público.

Según la información avaló las concesiones 1470/2016 a la empresa Adventure Rent S.A. de C.V para operar 20 unidades; Grupo Majuve para 30 unidades; Rentadora La Fortuna S.A. de C.V., 20 unidades; Traslados Terrestres del Sureste S.A. de C.V., 20 unidades; y Transportes Recreativos Paraiso S.A. de C.V., 20 unidades.

En su intervención, Borge Angulo aseguró que se trata de un “perseguido político” y que interpondrá los recursos legales correspondientes en contra de todos los servidores públicos involucrados en el proceso que se le sigue. Su abogado Raúl Karim de la Rosa Peláez aseguró que se buscará el amparo.

Se trata de la segunda vinculación a proceso; la anterior fue en la carpeta administrativa 151/2017 por el caso VIP Saesa.