Agencias
GUADALAJARA, Jal.- Los problemas financieros y deportivos del club de futbol FC Atlas AC parecen no limitarse a la búsqueda de la permanencia del equipo en el máximo circuito del balompié nacional y los adeudos salariales de la directiva hacia sus jugadores.

Ahora el Atlas y algunos de sus futbolistas y exfutbolistas se ven envueltos en lo que sería un fraude por varios cientos de miles de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dado que cobraron en 2011 y 2012, de forma irregular y recurrente, incapacidades por supuestas lesiones que no fueron justificadas ni respaldadas por un estudio médico.

Ricardo Roberto Bocanegra Vega, Christian Emmanuel Sánchez Narváez, Flavio Jesús Santos Carrillo, Jesús Alejandro Gallardo Durazno y Christian Antonio Díaz Domínguez, son tan solo algunos de los futbolistas que accedieron a un beneficio que otorga el IMSS a sus derechohabientes cuando sufren accidentes de trabajo.

El Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su artículo 58, estipula que si el derechohabiente es incapacitado por riesgo de trabajo “recibirá mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo”. Salario que en el caso de los jugadores mencionados, se registró entre los 600 y 1,500 pesos diarios.

Los jugadores cobraron montos correspondientes a su salario íntegro, por un periodo de hasta diez meses, sin embargo, en el lapso en que recibieron el pago de incapacidad, registraron actividad con el equipo de futbol, ya sea con la escuadra Sub 20 o el primer equipo.

El hecho de que los futbolistas tuvieran actividad hace evidente que no se encontraban incapacitados, así lo indica el mismo reglamento del IMSS, en el Artículo 137, que explica que “Se considera incapacidad temporal para el trabajo, la pérdida de facultades o aptitudes físicas o mentales que imposibilitan parcial o totalmente al asegurado para desempeñar su actividad laboral habitual”.

Los expedientes de estos cinco jugadores - que pertenecían o pertenecen de acuerdo a cada caso al club Atlas - y que se encuentran a disposición de Milenio Jalisco, indican que entre los cinco deportistas, recibieron un subsidio de alrededor de un millón de pesos entre enero de 2011 y agosto de 2012, cobro que se puede corroborar con las órdenes de pago que expidió el Seguro Social y que confirmó haber recibido y pagado la institución bancaria BBVA Bancomer en una de sus sucursales.

Las irregularidades

Los jugadores implicados en estos cobros de incapacidades realizaron los trámites para la expedición del certificado médico en la Unidad Médico Familiar (UMF) número cuatro ubicada en la calle Fidel Velázquez 1531, municipio de Guadalajara, así como en la UMF 79 situada en Alcalde Barranquitas; sin embargo, su asignación actual corresponde a la UMF 3, pues los futbolistas cambiaron de adscripción en repetidas ocasiones.

En cuanto a la emisión de las incapacidades, los beneficiados dieron datos falsos sobre su domicilio particular, así lo muestran los reportes elaborados tras los estudios de campo que llevó a cabo personal de la supervisión de prestaciones económicas del IMSS.

Ricardo Bocanegra asentó un domicilio en la calle Manuel Romero de Terreros que en realidad pertenece a una clínica ginecológica, Christian Díaz registró como propia una dirección en la Colonia Atemajac del Valle que pertenece a una persona que asegura habitar en ese domicilio desde hace 34 años, así como desconocer al futbolista.

Flavio Santos hizo lo propio con un domicilio en Alcalde Barranquitas, mientras que Christian Sánchez registró dirección particular en Av. Vallarta, en un número donde se encuentra un negocio comercial que fue identificado como una taquería de renombre, en tanto que Jesús Gallardo presentó datos de que habita en la calle Campo Real número 519 en la colonia del mismo nombre, domicilio que resultó inexistente.

Lo anterior podría tratarse de una omisión del personal de las UMF que registraron los domicilios de los jugadores, que a su vez no dieron constancia de residir en las direcciones asentadas en su expediente.

Por otro lado, los formatos de incapacidad no cuentan con el número de identificación oficial de los beneficiados, lo que es un elemento imprescindible para este tipo de trámite de acuerdo al artículo noveno del reglamento de prestaciones médicas del IMSS.

Los folios de incapacidad de trámite en la UMF 4 fueron expedidos, en su mayoría, por uno de los médicos con antecedentes de expedir el mayor porcentaje de incapacidades dentro de la institución; asimismo, en ninguna de las incapacidades se justifica su expedición pues no se registró el mecanismo de la lesión, la actividad que realizaba el jugador al momento de la misma, ni una exploración física que respalde que la lesión existiera.

En noviembre de 2012, la Jefatura de Prestaciones Económicas detectó un problema con el registro de incapacidades expedidas en los meses de julio y agosto de 2012 a nombre de los cinco jugadores ya citados, por ello solicitó a la jefatura de Servicios Médicos llevar a cabo una investigación con relación a las incapacidades emitidas.

Dicha investigación arrojó como conclusiones que entorno a la expedición de las incapacidades existieron una serie de inconsistencias relacionadas a la falta apego al Reglamento de Prestaciones Médicas y la falta de justificación en la expedición de los certificados.

En cuanto a los médicos implicados en la emisión de las incapacidades, dos de ellos fueron absueltos de alguna responsabilidad, mientras que un tercero fue sometido a la supervisión y seguimiento por parte de la Coordinación de Salud en el Trabajo debido que participó en la mayoría de las consultas.

Serios problemas para los implicados

De acuerdo al reglamento de prestaciones médicas del IMSS, la institución tendría que ejercer acción penal y administrativa contra los jugadores que habrían cometido el presunto fraude, así lo señala el Artículo 14 del propio reglamento, en dónde se especifica que “además de que deberán de ser denunciados ante la autoridad que corresponda, darán motivo, a juicio del Instituto, a la suspensión en el goce de las prestaciones en especie y en dinero”.

En cuanto al Código Penal Federal, el Artículo 368 indica que comete el delito de fraude “el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

En el mismo código se especifica que las sanciones por el delito de fraude pueden castigarse “con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario”.

No obstante, se presume que los cinco deportistas antes citados no son los únicos del club que cobraron incapacidades de manera irregular, y se especula que la acción habría sido una medida apoyada por la directiva para que los jugadores recibieran parte del pago de su salario a través del Seguro Social, ante los problemas financieros del FC Atlas AC.