Víctor Fuentes                                    

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite tres acciones de inconstitucionalidad que piden anular la llamada "Ley Garrote", vigente en Tabasco desde agosto pasado.

Se trata de una reforma a varios artículos del Código Penal estatal, que fijó penas de 6 a 13 años de cárcel a quienes impidan o traten de impedir por cualquier medio, la ejecución de obras públicas o privadas, o interrumpan el libre tránsito de personas, equipos y vehículos hacia esos proyectos.

Las acciones fueron presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco (CDHT) y el partido Movimiento Ciudadano (MC).

El Ministro instructor, cuyo nombre no publica aún la Corte, rechazó la petición de la CDHT para suspender la vigencia de las leyes impugnadas, pues dicha figura no es aplicable tratándose de acciones de inconstitucionalidad.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo de Tabasco tendrán 15 días hábiles para rendir informes al máximo tribunal y enviarle copia certificada de todos los antecedentes de la reforma.

La solicitud de MC para que la Corte tramite las acciones en los plazos urgentes previstos para la materia electoral también fue rechazada, por lo que es poco probable que el Pleno del máximo tribunal dicte sentencia sobre este caso en 2019.

"Las disposiciones específicas de la ley reglamentaria, en lo referente al establecimiento de plazos breves en la substanciación de dicho procedimiento, tienen aplicación en aquellos asuntos que deban resolverse dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio de un proceso electoral específico en que vayan a aplicarse las normas impugnadas, lo que no acontece en el presente caso", explicó el Ministro.

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“Ley Garrote” pretende sofocar la protesta social en Dos Bocas

La llamada "Ley Garrote" ha sido criticada por la Oposición y organizaciones de derechos humanos por su aparente intención de sofocar protestas sociales contra obras como la Refinería de Dos Bocas.

La pena mínima de seis años de cárcel, por ejemplo, no permite que una persona declarada culpable de alguno de estos delitos acceda a un beneficio sustitutivo de la prisión.

Hasta ahora, la CNDH no ha publicado su demanda, pero también es probable que se alegue vaguedad en la redacción de los tipos penales, o que éstos son desproporcionados, pues se da la misma sanción a un extorsionador que a quien bloquea parcialmente una vía de comunicación.

"Es una legislación que viola flagrantemente los artículos Sexto y Noveno de la Constitución, es decir, la libertad de expresión y de asociación, son vulneradas por esta legislación", dijo el dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda, cuando presentó su acción.

Para invalidar cualquier aspecto de la "Ley Garrote", será necesario el voto de al menos ocho de los 11 Ministros de la Corte, que también analiza, desde noviembre de 2018, una reforma a leyes de Tabasco que eliminó las licitaciones tratándose de "proyectos estratégicos".