Milenio
MÉXICO, D.F.- De cara a la sucesión presidencial, el Senado aprobó ayer en comisiones reformas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera con las que se alista la salida de más de cuatro mil directores generales y adjuntos que laboraron en esta administración para abrir espacio a la gente de “confianza” del próximo gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto.

Con esta reforma aprobada por PRI y PRD, que estuvo congelada durante cinco años, se pretende suprimir la obligación de concursar esas plazas, como ha ocurrido en los gobiernos panistas, al derogar el inciso a) del artículo 5, que exenta a los directores generales, adjuntos, homólogos “y cualquier otro equivalente”.

En el dictamen se refiere que en el sector central, órganos administrativos desconcentrados, entidades de control indirecto y entidades de control directo trabajan 71 mil 838 funcionarios y, de esas plazas, mil 914 corresponden a directores generales y dos mil 495 son adjuntos.

Permanecerán en su cargo sólo los funcionarios certificados

Se subraya que en este sexenio los cargos de director general se han ocupado con base en el artículo 34 de la Ley del servicio Profesional de Carrera, que crea una excepción temporal al concurso abierto por causa de fuerza mayor o por ocupación necesaria para puestos de áreas sustantivas o estratégicas, “sin sujetarse al procedimiento de concurso establecido en la normatividad y más de nueve mil nombramientos de enero de 2007 a junio de 2008 se llevaron a cabo en ese sentido”.

Se menciona que la Secretaría de la Función Pública informó, en agosto pasado a la Cámara de Diputados, que las plazas de director general pasaron de 588 en 2001 a mil 213 en este año.

Dispondrán 5 mil plazas

En tanto, en un estudio del PRI se subraya que el próximo gobierno solo podrá disponer de cinco mil plazas de los 42 mil 402 puestos clave que le corresponden a la administración central, pues 29 mil 521 pertenecen al Servicio Profesional de Carrera y mil 860 al régimen del artículo 34.

A decir de la Comisión de Gobernación, que preside la priista Cristina Díaz, la ley no se utilizó para mejorar el servicio público, sino para controlar la designación de los nombramientos. Por ello, esta reforma busca que los altos funcionarios tengan la libertad de designar libremente a personas de su plena confianza en los niveles de director general o su equivalente, “lo que permitiría impulsar un verdadero equilibrio entre experiencia, conocimiento y lealtad con las políticas públicas del gobierno en turno al que la ciudadanía ha depositado su confianza.

En entrevista, Díaz dijo que es parte de la estrategia de políticas públicas tener las plazas de confianza para poder realizar un trabajo profesional.

—¿Es para que Peña Nieto ponga ahí a su gente de confianza?

—Vamos a decir que la administración pública, no podemos personalizar, la administración podrá encontrar espacios en el Ejecutivo Federal para tener a los funcionarios pertinentes, que reúnan los requisitos no solo de confiabilidad, sino de capacidad y de experiencia” —refirió la legisladora.

Precisó que permanecerán en sus cargos 472 funcionarios que sí fueron certificados.

Despido masivo

En la sesión, los panistas Javier Corral y Salvador Vega Casillas, ex secretario de la Función Pública, acusaron que habrá un despido masivo que costará 400 millones de pesos.

Vega Casillas destacó que la peor manera de consolidar el servicio de carrera es desarmarlo, cuando apenas se trata de consolidar.

Corral dijo que es interesante que sea el PRD el que avale darle manga ancha a Peña Nieto para reinstalar el amiguismo y el compadrazgo.