Milenio
MÉXICO, D.F.- Luego de años de discusiones y expresiones que demandan la derogación de la figura del arraigo, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se pronunció por desaparecer de manera paulatina esa medida cautelar, la cual ha privado de la libertad a presuntos culpables e inocentes.

Al encabezar la ceremonia del Día Internacional de los Derechos Humanos, dijo que, al igual que el arraigo, es necesario que la Procuraduría General de la República se deshaga de otras medidas cautelares que utiliza para integrar sus investigaciones.

Para lograrlo, explicó, es necesario que se dote a la dependencia de instrumentos necesarios para cumplir su tarea, así como de personal con “talento”.

“Requerimos necesariamente tener la capacidad científica para que todo lo que señaló el subprocurador (de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes) no tenga que hacerse; necesitamos con urgencia elementos suficientes para demostrar culpabilidades e inocencias sin que requiramos usar las medidas cautelares como el arraigo o algunas otras que tendremos que ir desechando poco a poco conforme vayamos creciendo”, mencionó.

Murillo Karam también dijo que se requiere que el personal de la dependencia tenga vocación y pasión por su trabajo.

Subrayó que “hacer justicia no es solo consignar”, sino entender dónde están las responsabilidades y es, también, tratar de hacer valer la inocencia.

“Tenemos que hacer que no haya víctimas; sé que es un sueño, que sería imposible en cualquier país que no hubiese ninguna, pero esa debe ser nuestra meta”, agregó.

Retos para el futuro

Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR, Ricardo García Cervantes, aseguró que el Estado mexicano ha avanzado de manera progresiva en el reconocimiento y protección de las garantías individuales. Sin embargo, aún hay muchas inercias que vencer en esa materia.

Entre los retos pendientes mencionan los siguientes: erradicar prácticas en los centros de detención que puedan dar origen a torturas o malos tratos y homologar el tipo penal de la tortura a escala nacional, armonizándolo con los estándares internacionales.

Asimismo, la creación de un registro nacional de quejas por tortura o malos tratos; reforzar los programas de atención a víctimas y sus familias; fortalecer la capacitación del personal policial, penitenciario y de procuración de justicia, así como los procedimientos adecuados de detención y uso de la fuerza.

También se requiere, dijo García Cervantes, homologar los registros y procesos de detención a escala nacional para que garanticen una cadena de custodia transparente, a fin de evitar que una persona detenida sea sometida a tortura o malos tratos.

Puntualizó que actualmente gran número de recomendaciones derivadas de las actuaciones policiales revelan prácticas violatorias de derechos humanos, las cuales, a la luz del sistema normativo actual, no pueden ser legitimadas.