EFE
MÉXICO, D.F.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó un contrato reservado por 1,332 millones de pesos (unos 88.5 millones de dólares) a una filial del grupo Higa, involucrado en varios escándalos por posible conflicto de intereses, informó este lunes el diario Reforma.

La obra entregada a la compañía Concretos y Obra Civil del Pacífico fue clasificada como reservada hasta 2025 y consiste en ampliar de dos a cuatro carriles un tramo de la autopista Guadalajara-Colima.

La información es reservada "por ser propia de operaciones de un fideicomiso, a lo cual se denomina secreto fiduciario", argumentó Banobras al ser consultado sobre el tema.

El contrato fue adjudicado a la filial de Higa por el Fideicomiso 358, de carácter privado y que no tiene que reportar públicamente sus operaciones.

De acuerdo con el rotativo, el fideicomiso fue creado en 1987 y obtuvo la clasificación de privado "porque empresas constructoras aportaron fondos iniciales y se vendieron al público certificados de participación ordinaria (CPO)".

En la década de los 90, las constructoras y tenedores de CPO recibieron sus fondos y Banobras quedó como único aportante de recursos, indicó el informe.

Según la investigación, el 20 de diciembre de 2010 el consejo directivo de Banobras autorizó al fideicomiso un crédito simple de 4.784 millones de pesos (poco más de 308 millones de dólares) para modernizar la autopista, cuya concesión está asignada al propio banco.

Reforma también indicó que el 3 de junio de 2013 Banobras informó al comité técnico del fideicomiso sobre la decisión de contratar a Higa, determinación que no fue objetada por el órgano integrado por dos representantes del banco, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otro de Banobras que no tiene voto.

El contrato establece que la ampliación de la autopista debe estar terminada el 20 de junio de 2015, pero ingenieros y arquitectos encargados de la ampliación del tramo carretero dijeron al diario que esto no se logrará sino hasta en 2017.

Conflicto de interés

A finales de 2014 investigaciones periodísticas revelaron que el grupo Higa, que obtuvo varios contratos durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México (2005-2011) y como presidente desde diciembre de 2012, había vendido una lujosa residencia a la primera dama Angélica Rivera, y otra al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Dichas polémicas fueron destapadas por la periodista Carmen Aristegui, quien el domingo fue despedida de MVS Radio, donde ventiló los casos.

Las críticas llevaron a Rivera a anunciar la venta de la propiedad y a Peña Nieto a hacer pública su declaración patrimonial completa.

La polémica se avivó en enero, cuando otro medio reveló que Peña Nieto compró en 2005, semanas después de haber asumido como gobernador del Estado de México, una casa al empresario Roberto San Román, quien después obtuvo contratos millonarios para realizar obras públicas.

En los tres casos, el Gobierno ha asegurado que no hay conflicto de interés, dado que Peña Nieto, Rivera y Videgaray no participan en procesos de asignación de contratos.

Para apaciguar la tormenta, Peña Nieto anunció en febrero que los tres serían investigados por presunto conflicto de interés por el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.

No obstante, su decisión fue nuevamente objeto de críticas debido a que Andrade es un militante del PRI y está vinculado al mandatario desde hace décadas.