Agencias
MÉXICO, D.F.- Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara una investigación sobre el origen de sus propiedades, las de su esposa y las del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública indicó que la dependencia está impedida para ello justo el mismo día que la organización Transparencia Mexicana aseguró que las medidas anticorrupción dictadas por el mandatario están al nivel de los mejores reglamentos en transparencia a nivel mundial. 

De acuerdo con Virgilio Andrade Martínez, recién nombrado titular de la Función Pública, su labor “no es investigar el origen de las casas, sino que quienes las vendieron estén participando conforme a las reglas para poder estar en obras, se investigarán los contratos y a los privados”.

A decir del nuevo funcionario federal, no entrarán al detalle de cómo Luis Videgaray compró una casa de campo en Malinalco; ni como Angélica Rivera adquirió una mansión en Bosques de las Lomas a Grupo Higa en 2012, ni tampoco la adquisición de una residencia por parte de Peña Nieto a Constructora y Urbanizadora Ixtapan en 2005.

Incluso, aclaró que ambas empresas constructoras, aunque hayan celebrado operaciones inmobiliarias con altos funcionarios del gobierno federal, no están impedidas legalmente para participar en la adjudicación de obras y procesos de licitación.

Conforme a sus atribuciones legales, la Secretaría de la Función Pública sólo investigará el presunto conflicto de interés a través de la revisión de los contratos que le fueron asignados, sea mediante licitación pública o adjudicación directa.

“No se investigan las operaciones de las casas porque eso no le compete a la Secretaría de la Función Pública, pero lo que sí le compete es ver de qué manera esos particulares entraron a proceso de contrataciones y adjudicaciones, eso es lo que sí vamos a investigar”, dijo Andrade.

El conflicto de interés, explicó el secretario de la Función Pública, se conjuraría si en las asignaciones de obras  a ambas empresas hubo inconsistencias.

“Estamos hablando de situaciones en que particulares han tenido operaciones con funcionarios públicos y después participaron en contratos del gobierno, eso no está prohibido y lo que tenemos que ver es si se hizo conforme a la legalidad, es decir, si concursaron con todas las reglas puestas o si hubo algún tipo de situación diferente”.

Pero hay blindajes

En el supuesto caso que la SFP encontrara que hubo irregularidades en la entrega de contratos, el Presidente, su secretario de Hacienda y la primera dama quedarían blindados por varios frentes ante un posible conflicto de interés.

En primera, el artículo octavo de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos señala que para existir conflicto de interés, el funcionario debe estar directamente involucrado en la asignación de obras y servicios.

Constructora y Urbanizadora Ixtapan ha ganado contratos por 596 millones de pesos y Grupo Higa, a través de sus filiales, tiene contratos por 945 millones de pesos, todos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en ninguno con participación directa de Peña, Videgaray o Rivera.

En el caso de la primera dama, Angélica Rivera, ésta ostenta un cargo honorario como presidenta del Sistema DIF nacional, por lo cual no es considerada como funcionaria pública, lo que la blinda de sujetarse a las leyes que regulan el conflicto de interés.

Por su parte, Luis Videgaray Caso, al tener el cargo de secretario de Estado al frente de Hacienda y Crédito Público, está investido de fuero constitucional, es decir que no puede ser juzgado por ningún delito a menos que se cuente con una Declaración de Procedencia del Poder Legislativo.

Por su parte, Enrique Peña Nieto al ser el Presidente de la República en funciones, según el artículo 108 constitucional, sólo puede ser juzgado por traición a la patria o delitos graves del orden común, es decir, estaría a salvo de una acusación de conflicto de interés.

Cierre de brecha

En tanto, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, resaltó que con las acciones anticorrupción anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, México se acerca a las mejores prácticas internacionales en la materia.

México está empezando a cerrar una brecha que tenía respecto a otros países del G20 y de la OCDE, en el tema de las políticas para evitar el conflicto de intereses, expresó.

Señaló que es un tema que se ha discutido en muchos otros países por años, “no es un tema nuevo y estamos cerrando la brecha, estamos tratando de ponernos al día en un tema en el que estábamos rezagados”.

Enfatizó que el presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento de que se trata de un problema grave en el país, “es un problema en el que la realidad nos alcanzó y nos hemos dado cuenta”.

Bohórquez dejó en claro que la declaración patrimonial es crucial para poder monitorear a los funcionarios, pues es importante para reconocer el patrimonio que tiene una persona.

Y hay que decirlo con mucha claridad, dijo, “todos tenemos intereses, tu tienes unos, yo tengo otros, el asunto es que estén sobre la mesa y no afecten las decisiones públicas”, expresó.

Prevención

El director ejecutivo de Transparencia Mexicana resaltó en ese sentido que el conflicto de intereses en México requería de una acción inmediata pues ya “está claramente afectando la vida pública del país”.

A su decir, la declaración de intereses que deberán realizar los funcionarios públicos a partir de mayo, tiene que ser pública “y creo que debería serlo, porque su efecto es preventivo”.

Lo que busca la declaración de intereses es prevenir que se conozcan posibles conflictos de interés una vez que éstos podrían haber ocurrido, ahí creo que es el primer componente del anuncio presidencial, enfatizó.

Señaló que en el anuncio también se dio una respuesta al planteamiento que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alrededor del código de conducta para las empresas en México.

Ello, agregó, están dispuestos a hacer su parte desde la estrategia anticorrupción que es empezar a autorregular a las empresas y creo que hay una respuesta a este tema en el discurso presidencial, sobre todo en lo que se refiere a los protocolos para que se relacionen las empresas con los servidores públicos “y particularmente con quienes toman decisiones vinculadas con las licitaciones públicas”.

(Con información de 24 Horas y Notimex)