Detectan más irregularidades en caso Oceanografía

La principal proveedora de Pemex se negaba a pagar aportaciones patronales al Infonavit alegando que los contratos de sus trabajadores eran tipo outsourcing; detectan más convenios ilegales.

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Los empleados de la empresa Oceanografía en Ciudad del Carmen, Campeche, advirtieron mantendrán hasta el martes el bloqueo al muelle del puerto. (Milenio)
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Agencias
CAMPECHE, Campeche.- Oceanografía evadió el pago de cuotas al Infonavit de los trabajadores durante cuatro años, cuyo monto estimado asciende a 48 millones de pesos, informó el delegado de la institución, Gabriel Escalante.

El funcionario dijo que por cada bimestre se debió depositar el cinco por ciento de aportación patronal a la cuenta individual de los trabajadores, que sumaban un promedio de dos millones de pesos, pero la empresa prefería estar en litigios que cubrir esa cuota.

Indicó que en el último año, el área jurídica de la empresa prefería enfrentar litigios con el Infonavit que pagar, y ese problema se enfrenta con miles de trabajadores, por lo que la institución tiene litigio vigente con Oceanografía, según datos de Milenio.

Resaltó que uno de los argumentos legales de la empresa es que muchos contratos eran tipo outsourcing -de 15 días o de un mes-, por lo que preferían llevarlo a pleito que pagar, situación por la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá que actuar en favor de los trabajadores.

Asimismo, Escalante refirió que los trabajadores que obtuvieron créditos del Infonavit tienen a salvo sus derechos, porque de los descuentos que se les venían aplicando se les puede dar un periodo de gracia hasta por un año.

Detalló que es una afectación a los trabajadores que deberán resolver las autoridades correspondientes, y añadió que como institución las oficinas centrales han iniciado el litigio.

Contratos irregulares

El PRD en el Senado detectó desde marzo de 2008 irregularidades en contratos otorgados a la empresa Oceanografía, por lo que, en un punto de acuerdo, solicitó un informe detallado sobre la relación entre dicha compañía y Pemex.

En el documento, impulsado por quien fuera senador perredista Alfonso Abraham Sánchez, refiere que el abogado general de Pemex en ese tiempo, José Néstor García Reza, admitió que, en el último tramo del sexenio de Vicente Fox, Oceanografía estaba vetada y que, sin embargo, en un mismo día recibió siete contratos por 651 millones 388 mil 300 pesos, por conceptos de “servicios” en la Región Marina Suroeste.

También señala que recibió otro contrato para “inspección, mantenimiento y protección anticorrosiva en las terminales marítimas de Dos Bocas, Tabasco, y Cayo Arcas, Campeche y/o Golfo de México”, por 377.5 millones de pesos.

Más tarde, el contrato 412425828, por mil 412 millones 872 mil pesos, por servicios de “construcción de gasoducto y plataforma de enlace litoral al complejo Pol-A”.

Luego, el contrato 418815856, por 23 millones 700 mil pesos, por “reacondicionamiento de cruces y rehabilitación del sistema de protección catódica de líneas submarinas de la RMSO”.

“Además se dieron una serie de hechos que a la fecha no han sido aclarados, como el del 4 de febrero de 2004, cuando se autorizó un incremento de 140 mil dólares al contrato 412601801; en marzo, 127 mil dólares al contrato 412601801; en junio, un millón de dólares al contrato 418812800 y 8 millones de pesos al contrato 412003808. En julio, 2 millones 300 mil pesos al contrato 412002869”, detalló.

Millonario quebranto

Refirió que ante estos presuntos actos se debía transparentar y dilucidar ante la nación los posibles actos de corrupción o tráfico de influencias que se han auspiciado a través de Petróleos Mexicanos, previo a una reforma energética “que solo pretenda favorecer a unos cuantos en perjuicio de la propiedad originaria de la nación”.

El punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Energía, indica que en distintos reportes de prensa se informa que Raúl Muñoz Leos “forzaba al director de Pemex Exploración y Producción, Luis Ramírez Corzo, y al Órgano Interno de Control (OIC) para que confiriera a Oceanografía el contrato 18575108/068/04, por más de 150 millones de dólares, para el alquiler de un barco grúa para las plataformas de la Sonda de Campeche”.

“La conducta del funcionario envolvía un millonario quebranto a las arcas de la paraestatal, porque de las siete navieras que contendían por el contrato, el principal precio era el de Servicios Marítimos de Campeche, que ofertó 154 millones de dólares, contra los 164 millones que requería Oceanografía.

“Aunque no era competitiva ni en calidad ni en precio, los hermanos Bribiesca y su tío Guillermo Sahagún presionaron a Muñoz Leos y a su secretario particular, Eduardo Rosas Monroy, para que se contratara a Oceanografía”, destaca el texto.

Sánchez precisa que, en tiempos en que Muñoz Leos dirigía la paraestatal, a Oceanografía se le concedieron múltiples adjudicaciones directas, como la 3-G-DD-A-046-Y-0-3, por 367 mil 246 dólares, que contemplaba la supervisión del dragado en el canal de acceso en Puerto Madero, Chiapas, pagada con recursos del Fideicomiso de Infraestructura.

El punto de acuerdo no llegó al pleno, no obstante, dejó registro en la Gaceta que desde entonces la cámara alta tenía conocimiento de presuntas irregularidades en los contratos de Oceanografía.

Continúa paro en Carmen

Los empleados de Oceanografía continuarán plantados a las afueras del muelle pesquero industrial en Ciudad del Carmen hasta el próximo martes que empiecen a recibir el pago de sus salarios atrasados.

Esto al no llegar a un acuerdo con Héctor Orozco Fernández, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, quien realizó una visita relámpago a la isla, donde dio un mensaje que duró menos de dos minutos y sin sostener diálogo alguno con los inconformes, quienes por más de dos horas lo esperaron para reunirse y solucionar el problema.

Por ello dijeron que era mejor escuchar un mensaje del Presidente de la República en cadena nacional a esperar al funcionario federal que vino de paseo a la Isla.

De igual manera, los trabajadores calificaron de insensible e irreverente la acción del gobierno federal al faltarles al respeto a las familias de los trabajadores al darles tres días más de agonía y no una solución al problema.

Ante esta situación, dijeron no confiar en la autoridad y advirtieron que se levantará el plantón hasta ver el dinero en sus cuentas.

“El gobierno federal sigue solapando a las personas con las que hemos trabajado”, aseguró el demandante.

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