Rubén Mosso/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo y revocó la sentencia de 10 años de prisión dictada contra el abogado Jaime Lemus García, acusado de ser intermediario del general brigadier Juan Manuel Barragán con integrantes del cártel de Sinaloa, quienes intentaron sobornar al entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y a la ex procuradora general Marisela Morales.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala avaló que el caso sea devuelto al sexto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México para que emita otra resolución en la que determine que la detención del litigante fue ilegal y, por tanto, la declare nula, así como las pruebas, a fin de resolver lo que en derecho proceda.

En su proyecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró que la orden de localización y presentación pudo tener sustento en lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, pero ésta se tergiversó, porque al cumplimentarse la orden los policías de investigación pusieron indebidamente a disposición del Ministerio Público Federal al quejoso en calidad de “retenido” hasta que se resolviera su situación jurídica.

Al señalar como incorrecta la determinación del Tribunal Colegiado, enfatizó que Lemus fue detenido fuera del marco constitucional y legal aplicable. La Primera Sala no se manifestó sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la inocencia o culpabilidad del abogado, solo en el sentido de que se violó el debido proceso.

En el expediente penal se menciona que uno de los testigos, un Policía Judicial Militar encubierto, denunció que Barragán Espinosa prometió a los miembros del cártel de Sinaloa conseguir una “entrevista” con el general Galván, pero al final Barragán no quiso cumplir su palabra.

Otro declarante, un enviado del cártel de Sinaloa, mencionó que él “traía el mandato” de ofrecer 15 millones de dólares a Morales a cambio de protección, pero esto tampoco se pudo concretar.

Según el expediente del caso, la reunión para acordar cómo sobornar al titular de la Sedena se realizó el 21 de noviembre de 2011, en la oficina del abogado; el 21 de diciembre del mismo año se concertó una cita con un funcionario de la PGR, al que se le entregó una bolsa de marca de diseñador en cuyo interior había 12 mil dólares enviados por parte “del patrón” (Joaquín El Chapo Guzmán).

El enviado del cártel de Sinaloa preguntó al funcionario de la PGR “cuánto costaba el acercamiento” con la titular de la procuraduría, “pues traía el mandato de 15 millones de dólares”, a lo que el funcionario respondió que era muy poco dinero. 

Los alegatos

En la demanda de amparo que Lemus presentó ante el Sexto Tribunal Colegiado, el litigante alegó que se vulneraron sus derechos humanos de igualdad y seguridad jurídica y de debido proceso; que las declaraciones de un testigo colaborador no merecían valor probatorio, ya que carecían de confiabilidad y verosimilitud.

Asimismo, reclamó que no se expusieron de forma clara ni precisa las circunstancias espacio-tiempo de la conducta que se le imputó y que fueron ilegales las pruebas que se obtuvieron en la averiguación previa que inició la Procuraduría General de Justicia Militar, porque fueron recabadas por el decimoprimer agente investigador, quien afirmó contar con el grado de Mayor de Justicia Militar, lo que es insuficiente para desempeñar el cargo de Ministerio Público Militar Adscrito.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado declaró infundado los alegatos; por esa razón, Lemus promovió un amparo directo, mismo que llegó a la Corte.

El 11 de enero de 2012, la PGR comenzó la averiguación previa contra Lemus, es decir, minutos después de que el Ministerio Público Federal recibió el desglose de la indagatoria contra el general Manuel Barragán, iniciada en la Procuraduría de Justicia Militar.

Tras recibir el desglose, el Ministerio Público Federal ordenó la localización y presentación del abogado.

Barragán fue sentenciado a 16 años y medio de prisión y al pago de una multa de 19 mil 920 pesos por delitos contra la salud en grado de tentativa y abuso de autoridad, por lo que también fue inhabilitado del servicio público y dado de baja del Ejército.