Ignacio Alzaga/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Hace cuatro años emprendió una batalla legal sin precedente contra el sistema al que sirvió como responsable directo de combatir a los cárteles y a sus líderes en el último tramo de la administración de Felipe Calderón.

Paradójicamente, José Cuitláhuac Salinas, quien fue titular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), asegura que funcionarios federales y del poder judicial se convirtieron en sus perseguidores y lo dejaron, junto a su familia, en situación de vulnerabilidad ante los criminales que combatió, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

Alrededor de 60 amparos y 80 quejas contra autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), así como jueces y magistrados, revelan la lucha que ha emprendido contra acciones que lo colocaron en permanente riesgo, como la reducción en el número de escoltas y de vehículos blindados a los que tiene derecho junto con sus hijos.

El ex titular de la Seido, quien ahora es secretario adscrito al sexto tribunal unitario en materia penal del primer circuito en la Ciudad de México, presentó una demanda por 69 millones 851 mil 941 pesos contra la PGR por reparación del daño, y por otros 27 millones 411 mil 546 pesos contra el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ).

Estas denuncias se suman a otras que formuló contra funcionarios de la pasada y presente administración, como el ex procurador Jesús Murillo Karam, a quien acusa de violar amparos a su favor para que se le otorgara la protección adecuada después de que dejó el cargo.

Milenio solicitó la postura oficial de la PGR sobre este caso; la dependencia respondió: "En este momento se están substanciando los procedimientos, por lo que no se puede emitir ningún pronunciamiento".

En entrevista, Salinas declaró que su salida de la PGR —a la que renunció el 15 de noviembre de 2012— se dio por diferencias con la entonces procuradora Marisela Morales y personal del Ejército que laboraba en el área que él tenía a su cargo, pues Salinas expresó su inconformidad con el manejo que se hacía de las investigaciones y por la forma en que militares querían conducirlas.

Consideró que los roces que tuvo con el equipo derivaron en que solo dos días después de su renuncia se iniciara una indagatoria en la que se usó a los testigos "Libre" y "X" para incriminarlo de colaborar con el cártel de Sinaloa y de recibir ocho millones 300 mil dólares.

Hasta hoy, indicó, las autoridades no han podido comprobar estas acusaciones ni las que hay en otras averiguaciones previas "porque son absolutamente falsas; combatimos por igual a todas las organizaciones criminales, mi trabajo es público".

Precisó que en estas investigaciones la PGR solo alude a una supuesta inconsistencia en sus declaraciones de impuestos en cinco años por un monto de 859 mil 748 pesos.

"En este caso no investigaron con la profundidad debida. Lo cierto es que fui atropellado el 4 de diciembre de 2009, por lo que fui hospitalizado en el ABC de Santa Fe. Por los gastos que se elevaron a varios millones de pesos, tuve que pedir aportaciones familiares y del trabajo, y precisamente el CJF (donde laboraba entonces) aportó 770 mil pesos, dinero que no formaba parte de mi salario y respecto de ellas no se realizó pago de impuestos alguno".

Afirmó que la PGR "lo dejó en la indefensión" y en una "situación de permanente riesgo", al reducirle el número de escoltas y de vehículos a los que por ley tenía derecho por los siguientes cinco años a partir de su renuncia.

Se llegó al punto de que en un expediente contra el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, el Ministerio Público de la Federación puso la dirección de su domicilio particular, lo que lo obligó a cambiar de casa.

Con documentos en mano, comentó que en 2014 autoridades de la procuraduría intentaron consignar y encarcelar a uno de sus hijos por la ruptura del parabrisas de uno de los vehículos asignados para su protección y la de su familia.

El joven fue acusado por tres de sus propios escoltas por daño en propiedad ajena doloso, delito que conlleva pena de prisión.

La demanda no solo no prosperó, sino que se logró demostrar con informes oficiales y peritajes que la acusación era falsa, porque el daño en el vehículo existía desde un año antes.

Incluso a lo largo de estos cuatro años al presentar los amparos, de los que ha ganado 90 por ciento, ha tenido que proceder contra jueces y magistrados quienes, afirmó, han actuado de forma ilegal para emitir fallos desfavorables, como la juez noveno de distrito en materia penal de la Ciudad de México, quien le negó un amparo y obstaculizó la tramitación del mismo para que se eliminara su dirección del expediente contra La Barbie.

Protección

Como responsable de la Seido y por el riesgo que representó ese cargo, el ex funcionario y sus hijos tienen derecho a la protección del Estado, lo que incluye personal de custodia, vehículos y los gastos que éstos generan durante un plazo de cinco años a partir de su salida de la institución.

Ello tiene fundamento en el cuerdo presidencial para la protección de servidores y ex servidores públicos (que emitió Vicente Fox); acuerdo A/14/09 suscrito por el procurador General de la República; así como los oficios OM/DGSI/OT145/12 y OM-DGSI-1874-2012 emitidos por la dirección general de Seguridad Institucional, dependiente de la Oficialía Mayor de la PGR; sin embargo, el Estado incumplió con esta obligación.

"A la llegada a la PGR de Jesús Murillo Karam, así como derivado de la designación de Rodrigo Archundia Barrientos, primero como encargado y después como titular de la Seido (quien fue un subalterno con quien tuvo roces laborales), se empecinaron en negar el otorgamiento de recursos, vehículos y personal que correspondía para la protección.

"Así me vi en la necesidad de promover amparos en materia administrativa, entre los que destacan los radicados con los número de expediente 1051/2013 del juzgado decimoquinto de distrito, 48/2013 del juzgado décimo de distrito y 1603/2013 del juzgado sexto. Derivado de ello, conseguí que como medida cautelar se otorgaran recursos económicos, viáticos, vehículos conforme al número y tipo que se autorizó, más personal de custodia", comentó.

Salinas destacó que los magistrados del octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito actuaron con valentía y no se dejaron presionar por funcionarios del Poder Judicial de la Federación, por lo que revocaron la negativa de otorgar la suspensión dictada por una juez de amparo, con lo que autoridades tuvieron que proveer de esos recursos materiales y personales.

Además de que en este caso se privilegió el interés superior de la infancia previsto en el artículo cuarto constitucional, para que la PGR otorgara las medidas de seguridad necesarias para la protección de la vida e integridad de sus hijos

Los magistrados emitieron esta resolución el 25 de octubre de 2013; sin embargo, las autoridades de la PGR que encabezaba Murillo Karam incurrieron en incumplimiento de la suspensión.

Abuso de autoridad

Salinas indicó que el ex procurador, así como Rodrigo Archundia Barrientos, Guillermo Meneses Vázquez —quien fue coordinador de asesores de ese ex titular de la Seido— y diversos ministerios públicos cometieron delitos, como violación a la suspensión dictada en el juicio de amparo.

En tanto que Guillermo Meneses, Martha Patricia Muñoz, agente del MP de la Federación adscrita a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, y Jorge Enrique Segura Peregrino, MP de la Seido, incurrieron en abuso de autoridad.

Por el delito de falsificación de documentos públicos fueron denunciados Roberto Carlos Jiménez Mendoza, Néstor Hugo González y María del Carmen Hernández Olvera.

En tanto que por declaraciones falsas hay una denuncia contra Héctor Ignacio González Tavera, Bladimir Anselmo Hernández Ángeles y Susana Nicolás González, personal de la Policía Federal Ministerial, quienes atribuyeron la ruptura del parabrisas del Jetta, placas 428WPZ, propiedad de la PGR, cuyo supuesto daño ascendía a 4 mil 490 pesos.

Salinas sostiene que en este caso la intención era consignar a su hijo sin haberle notificado de los cargos que se le imputaron, porque las autoridades nunca pudieron comprobarle la supuesto relación con el cártel de Sinaloa que declararon los testigos "Libre" y "X", quienes estaban bajo custodia del ejército (en 2012), institución que se negó a entregárselos durante el tiempo que fue subprocurador.