Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, reconoció que México no tiene capacidad presupuestaria para dar acomodo en el sistema educativo nacional al cien por ciento de los 'dreamers' que podrían ser deportados de Estados Unidos.

"Es correcto lo que dicen tanto el rector de la Universidad como el director del Poli, si nosotros tuviéramos que enfrentar hoy un incremento en la demanda de matrícula del tamaño del 100 por ciento de los dreamers que están fuera, no tendríamos posibilidad presupuestal de acomodarla”.

Sin embargo, aclaró que la deportación de dreamers no es un objetivo central de la política migratoria de Estados Unidos, y que, en caso de que se dé, no será inmediata ni masiva, sino gradual, de modo que, en este supuesto si hay margen de maniobra para dar acomodo a esas personas en el sistema educativo nacional.

"Lo que sí tenemos posibilidad presupuestal, nosotros y las universidades, es de estar atentos de que quienes vayan regresando en donde, de nuevo, el escenario base no es un escenario en donde esta sea una deportación  de, como aquí ya dijo el secretario de Homeland Security, ni masiva ni inmediata, y en donde además hasta donde hemos alcanzado a ver, en términos de política, ese segmento particular, el de los dreamers, no es el objetivo de atención de la política migratoria y sí tendremos y estaremos buscando, a través del diálogo con las universidades, buscar manera de apoyarlos en su retorno”, agregó.

La reforma

El pasado 28 de febrero, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma a la Ley General de Educación que contempla la revalidación de estudios de mexicanos que sean deportados de Estados Unidos, así como su inclusión al sistema educativo nacional y la flexibilización de los trámites correspondientes.

La reforma avalada con 107 votos a favor, en la sesión ordinaria de este martes, no sólo beneficiará a los connacionales retornados de Estados Unidos o "dreamers" sino también a refugiados, asilados, migrantes internos y los mexicanos que deseen obtener el registro oficial de estudios realizados en el extranjero.

Estos cambios impulsados por el presidente Enrique Peña a través de una iniciativa preferente, fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y contempla que las nuevas medidas estarán dirigidas preferentemente a quienes enfrenten situación de vulnerabilidad por su situación migratoria.

De igual forma, obliga a las autoridades educativas a garantizar el acceso a la educación básica y media superior de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad.

La reforma establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizará a las instituciones privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios, mismas que podrán ser revocables.

(Con información de Notimex y Excélsior)