Sí hubo uso excesivo de la fuerza en Apatzingán: CNDH

El reporte se refiere a los hechos ocurridos el pasado 6 de enero, donde perdieron la vida cinco personas.

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El ombudsman Luis Raúl González Pérez al mostrar un documento a los reporteros durante la rueda de prensa. (Javier García/Milenio)
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Eugenia Jiménez/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Federal, que derivó en la muerte de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una más durante los hechos del pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán.

La investigación presentada ayer por el organismo contradice la indagatoria inicial, según la cual en el lugar del enfrentamiento se encontraron casquillos percutidos de armas que no fueron disparados por los policías federales.

En abril pasado, el entonces comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, declaró a Milenio que las nueve víctimas dieron positivo a las pruebas de radizonato de sodio, además que existía la posibilidad de que algunas de ellas hubieron muerto durante el fuego cruzado.

“La PF estaba haciendo un traslado en calma, a baja velocidad del vehículo para ingresarlo al depósito o al corralón. Ellos en ningún momento buscaban la agresión ni la confrontación. Quienes llegan a darles alcance, quienes los rebasan y quienes inician los disparos son los grupos civiles”, dijo.

Ayer en conferencia de prensa, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó los resultados de la investigación sobre el desalojo de la presidencia de Apatzingán, que derivó en un enfrentamiento. Aseguró que los informes de la PF “presentan imprecisiones respecto de los hechos que motivaron este desalojo, así como de circunstancias de tiempo y modo del operativo realizado”.

Puntualizó que el levantamiento de los cuerpos y los dictámenes de las necropsias tienen “diversas inconsistencias”, al existir discrepancia entre lo descrito por el perito médico y el agente del ministerio público, ambos del fuero común.

La investigación presentada ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contradice la indagatoria inicial

De acuerdo con la investigación, los hechos se desarrollaron en dos eventos: el primero entre las 2:30 y las 7:40 horas y el segundo entre las 7:41 y las 11:31 horas. En este último, la comisión documentó violaciones graves a derechos humanos, “en virtud de que se acreditó el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una más por parte de la PF”.

En este último evento, es decir en el enfrentamiento entre policías federales y autodefensas, señaló González Pérez, se violó el derecho a la vida, por dichas muertes; y a la integridad personal, por la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica prehospitalaria a cuatro personas, y la inadecuada atención médica de dos personas más.

En el informe de la CNDH, los señalamientos de que en estos enfrentamientos perdieron la vida siete niños y un bebé de cuatro meses no fueron acreditados.

Asimismo, destacó que en el operativo se aseguraron 19 armas de fuego (cuatro cortas y 15 largas), una granada de fragmentación, 71 cargadores y mil 762 cartuchos de diversos calibres, pero no pudo comprobar “si fueron sembradas o no”.

El organismo emitió una recomendación al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, para que colabore en la denuncia y queja que se presente por las violaciones graves que provocaron cinco muertes y una ejecución extrajudicial, por la privación de la vida de una persona encontrada en el estacionamiento del palacio municipal; por las manifestaciones de 10 detenidos en lugares distintos al estacionamiento de un costado de dicho inmueble, así como por las lesiones innecesarias infligidas a cinco civiles.

La comisión también exhortó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a que coadyuve en la denuncia y queja por las manifestaciones de dichas personas; por las lesiones innecesarias infligidas a dos civiles, a quienes se deberá reparar el daño, así como por el trato cruel, inhumano y degradante en agravio de una persona que se arrodilló ante personal militar que le tomó fotografías.

Al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se le pide que instruya la colaboración con la CNDH en la queja por la omisión en el envío de fotografías relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo, por las omisiones en las necropsias de 10 personas, y en la queja que presente por las irregularidades en la identificación de dos cadáveres y la inadecuada preservación de la cadena de custodia.

También se solicita al presidente municipal de Apatzingán, César Chávez, colaborar en la queja que presente la CNDH por la inadecuada atención médica prehospitalaria que se brindó a un adolescente, así como instruir que las ambulancias de protección civil cuenten con equipo y material médico.

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