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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que abrió una carpeta de investigación por el espionaje contra activistas y periodistas en México, a través de un malware que sólo adquieren los gobiernos, aunque según la Presidencia de la República “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables” de esto.

En un comunicado, la dependencia adelantó que “se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos”, publica Aristegui Noticias.

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Además, se “investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención”.

El comunicado de la Procuraduría finaliza con un rechazo “enérgico” a las intervenciones ilegales de comunicaciones.

Se reproduce el comunicado íntegro:

PGR ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR DELITOS DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS Y ACCESO ILÍCITO A SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA

• La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició la investigación correspondiente.

Con relación a las notas publicadas en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, respecto de la supuesta intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, la Procuraduría General de la República informa:

1. La FEADLE abrió una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal, respectivamente.

2. En relación con la denuncia presentada por un grupo de personas que han señalado haber sido afectadas por estos delitos, la FEADLE garantiza el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en la investigación por sí o a través de sus representantes.

3. Como parte de la investigación, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos.

4. A su vez, investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención.

La Procuraduría General de la República rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones.