Agencias
MÉXICO, D.F.- La Unión Nacional de Padres de Familia exigió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no avale la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala al Código Penal, que modificó el Congreso del estado sobre las causales que contempla el delito del aborto.

En conferencia de prensa, Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, AC, destacó que el supuesto “derecho al aborto” nunca ha sido declarado como tal por ningún organismo internacional y de derechos humanos, según publica el sitio web excelsior.com.mx.

“Todo lo que se opone a la vida y viola la integridad de la persona es una forma de agresión contra la civilización humana”, dijo.

Refirió que si se obtienen ocho votos en favor de la acción de inconstitucionalidad en sesión del Pleno se crea jurisprudencia.

Mendoza García señaló que se ha puesto en marcha a nivel nacional una campaña Un voto por la vida, que consiste en que niñas y niños realicen un dibujo acompañado por una frase donde se expresen a favor de la vida.

Los resultados de esta campaña se presentarán a todos los ministros de la Suprema Corte en una conferencia de prensa que dará en su propio recinto el próximo 23 de abril.

Concluyó al señalar que los padres de familia y la ciudadanía en general “han conferido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una gran responsabilidad que exige coherencia, que debe ser reflejada en el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos, como es el de la vida”.

Cabe recordar que a principios del mes en curso la SCJN admitió el recurso de acción de inconstitucionalidad promovido por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcóatl Antonio, en contra de las recientes reformas al Código Penal de Tlaxcala, mediante las cuales se criminaliza aún más la interrupción del embarazo.

Las reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal establecen una pena de tres a cinco años de prisión, más multa de 72 a 217 días de salario mínimo a quienes cometan el delito de aborto. Incluso por riesgos de salud de la mujer, y en caso de violación, se tendrá que dar parte al Ministerio Público para que autorice el procedimiento.