Agencias
MÉXICO, D.F.- Los expertos que trabajan con el Senado en la dictaminación de la Ley de Ejecución Penal objetaron 10 puntos del proyecto que se pretende discutir en septiembre, al aseverar el académico del ITAM, Miguel Sarre, que violenta derechos humanos, crea burocracias con la figura del "supervisor de libertad" y no limita las facultades que tendrán los directores para actuar.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, el especialista en derechos humanos subrayó que la Ley Nacional de Ejecución Penal será pieza fundamental del sistema de justicia penal, informa Milenio.

Consideró que el proyecto, que contempla la figura de "supervisor de la libertad", que seguirá en la calle a los liberados, el uso de brazaletes que los reos en libertad condicionada pagarán, la conmutación de penas con "trabajo comunitario" para quienes tengan condenas entre 3 y 10 años, entre otros aspectos, afectará a miles de personas vulnerables que durante años padecerán la falta de reconocimiento a sus derechos humanos y garantías para hacerlos valer.

Sarre señaló que la corrupción y la violencia carcelarias serán favorecidas por los espacios de discrecionalidad y la falta de controles efectivos detrás de los muros, hasta llegar a situaciónes de auténtico exterminio, como las que se viven en el Cefereso número 4, en El Rincón, Nayarit.

"Los 10 problemas del proyecto identificados en el documento adjunto comprometen los derechos humanos y los recursos presupuestales, además de ser una afrenta al sentido común", apuntó.

Expuestos a impunes

Mencionó que la figura del "supervisor de libertad" generará una nueva burocracia, con personal dedicado a seguir a pre liberados.

"Siendo que, según con la misma ley, ya habrán hecho méritos suficientes para ver reducida la duración de su pena. Por supuestamente proteger a la sociedad de una minoría que ya enfrentó la justicia y cumplió con un parte sustancial de su pena, se la expone a una mayoría de delincuentes totalmente impunes", detalla.

También criticó que el proyecto que se discute en las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos coloque a la población en prisión preventiva en una situación peor que la sentenciada, negándole el acceso a jueces de ejecución o de reclusión.

Larga trayectoria

De acuerdo con el integrante del equipo de expertos que trabaja con los senadores Angélica de la Peña, Cristina Díaz y Gil, no se quiere admitir que la ejecución de la prisión preventiva implica similares derechos y garantías que la ejecución de la pena.

Acusó que el proyecto obedece a acuerdos mayoritarios en el grupo de trabajo -en el que participan representantes del Ejecutivo- y no se puede hablar de democracia cuando representantes populares se someten a la postura de quienes deben ser regulados y no reguladores, "máxime cuando dichos operadores, como es el caso de la PGR y de los sistemas penitenciarios federal y locales, tienen una larga trayectoria institucional de violación de derechos humanos".