SIPSE.com
MÉRIDA, Yuc.- La Secretaría de la Función Pública determinó que el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera no incurrieron en conflicto de interés por la compra de la llamada Casa Blanca, adquirida al grupo Higa.

También eximió de toda responsabilidad al actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, por la compra de una de sus residencias, en Malinalco.

En rueda de prensa, el secretario Virgilio Andrade dijo que ninguno de los servidores públicos involucrados en la licitación de obras del Gobierno Federal declaró tener interés o relación con la empresa Higa, y que no recibieron ningún instrucción específica sobre el contrato realizado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Concluyó que ninguno de los funcionarios incurrió en conflicto de interés, según el análisis de la ley de responsabilidades de los servidores públicos.

Dijo que como el presidente no participa en licitaciones públicas, no hubo intervención del presidente en los contratos que la empras Higa -o cualquiera relacionadas con ella- en los contratos que mantiene con el Gobierno Federal.

Dijo que quien realizó el contrato de la casa fue Angélica Rivera, y que el documento no fue modificado para darle alguna ventaja cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió como presidente, además de que los recursos salieron de cuentas de la Primera Dama, quien se desempeñaba como actriz de Televisa.

Sobre Luis Videgaray, dijo que nunca intervino, como Secretario de Hacienda, en la contratación de la compra-venta de la casa en el Club de Golf Malinalco.

Da un clic aquí para revisar el documento completo de la investigación

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, dijo el viernes en rueda de prensa que "se determinó que no existe conflicto de interés" porque los inmuebles fueron adquiridos antes de que Peña Nieto asumiera como presidente en diciembre de 2012 y que tras revisar los contratos otorgados a las empresas involucradas no encontraron ninguna irregularidad.

Pero la primera dama mexicana, Angélica Rivera, devolvió la mansión de siete millones de dólares que compró a una empresa que recibió contratos de obra pública de la administración presidida por Peña Nieto.

Rivera explicó a finales de 2014 que realizaba pagos en cuotas mensuales con dinero que ganó de su trabajo como actriz. La empresa mantuvo la propiedad de la casa hasta que se pagara en su totalidad. Rivera ya había anunciado que vendería sus derechos sobre la propiedad.

Andrade explicó el viernes que la esposa de Peña Nieto había alcanzado un acuerdo con la empresa para pagar unos 10.5 millones de pesos (unos 635 mildólares) en concepto de alquiler por los casi tres años que utilizó la propiedad.

La compañía acordó regresarle a Rivera 14.5 millones de pesos (unos 875 mil dólares) que la Primera Dama ya había desembolsado.

El mandatario, la primera dama y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han sido blanco de críticas luego de que en investigaciones periodísticas se revelara que compraron viviendas a empresarios que después recibieron contratos públicos, lo cual fue visto por algunos como un caso de conflicto de interés.

Pero Andrade dijo que ninguno de los tres participó en la adjudicación de contratos a las empresas.

El funcionario, que es parte del gabinete del presidente, dijo que también se indagó a los 111 funcionarios públicos que sí participaron en la asignación de los contratos y se concluyó que no fueron influenciados ni obligados por nadie para favorecer a esas empresas.

El presidente siempre negó cualquier irregularidad.

En febrero, el mismo Peña Nieto solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar si él, la primera dama o su secretario de Hacienda habían incurrido en conflicto de intereses. Lo hizo el mismo día que nombraba a Andrade como responsable.

En aquel momento, la decisión del presidente provocó críticas porque pedir a un subalterno que lo investigara parecía de antemano prever que la indagatoria concluiría en que su jefe no incurrió en ninguna irregularidad.

Andrade explicó que "no existe ninguna otra autoridad en el universo jurídico mexicano que pueda revisar las conductas de servidores públicos vinculadas con conflictos de interés".

La investigación desarrollada por Andrade consistió en preguntarle a la presidencia de la República si había tenido participación en la adjudicación de contratos de obra pública y a 111 funcionarios si alguien les había influenciado en esos mismos procesos.