Staff/Agencia Reforma
MÉXICO, D.F.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá entregar la documentación que contenga el número de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) sancionados por violaciones a derechos humanos, de 2010 a julio de 2012, instruyó el IFAI.

De acuerdo a un comunicado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), un particular solicitó los documentos respecto al número de personas que trabajan o han laborado en una estación migratoria y que han sido sancionadas por cometer alguna violación a las garantías individuales de los migrantes alojados.

Dicha documentación, indicó el IFAI, debía contener nombre del sancionado, falta cometida, sanción aplicada, fecha en la que cometió la violación y en la que fue sancionado, así como su estatus laboral.

"En su respuesta, la SFP declaró la inexistencia de la información, argumentando que, después de una búsqueda en su Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y en el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional de Migración, no localizó procedimientos de responsabilidad administrativa en los que se haya sancionado a servidores públicos, adscritos a alguna estación migratoria, por violaciones cometidas a los derechos humanos de los migrantes", se indicó.

Ante esto, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia de la comisionada Sigrid Arzt, quien concluyó que existen elementos convincentes para determinar que la Función Pública  cuenta con los datos.

Recomendaciones

"De la consulta al portal de Internet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue posible advertir que ésta ha emitido diversas recomendaciones al INM sobre los casos en los que ha observado violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos de esa institución", señaló.

"En dichas recomendaciones se advierte que se han presentado quejas y denuncias ante el OIC del INM en contra de diversos funcionarios".

Asimismo, indicó, el INM dio a conocer información relacionada con los funcionarios de Migración sancionados por violar derechos humanos durante 2010 y 2011.

La SFP, consideró Arzt, debió hacer una interpretación más amplia de la solicitud y no limitarse a declarar la inexistencia de información, sino pronunciarse sobre los procedimientos iniciados, en los que haya determinado aplicar sanción a los servidores públicos del INM.

Por lo tanto, propuso revocar la respuesta e instruirle una nueva búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes.

"En caso de que la documentación contenga datos personales de las víctimas o de terceros relacionados, el INM deberá elaborar las versiones públicas correspondientes, sin testar el nombre de los servidores públicos sancionados", añadió.