Dispararon balas para quebrar cada hueso del Alcalde

Ambrosio Soto, edil de Pungarabato, no cumplió la ley del narco y le aplicaron la ley del monte.

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La página web del Ayuntamiento de Pungarabato colocó un lazo negro en señal de luto por la muerte del alcalde, Ambrosio Soto, quien fue ultimado por sicarios, en Tierra Caliente.
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Agencias
MÉXICO, DF.- Si cada bala que le dispararon a Ambroio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, Guerrero, le hubiera dado en cada uno de los huesos de sus cuerpo (206), se los hubiera destrozado todos... y hubieran sobrado balas.

Las balas que los sicarios dispararon contra el edil y sus guaruras eran tantas que triplicaron la cifra de alcaldes y exalcaldes asesinados en México desde 2006: 79... y también sobran balas...

Eso es a lo que el periódico El País, en un texto sobre el asesinato, recuerda que le llaman la ley del narco: plata o plomo... Los cuentan así:

 Ambrosio Soto Duarte se negó a pagarle al narco y le cobraron con plomo. El alcalde del municipio mexicano de Pungarabato (Guerrero) fue emboscado en una carretera el sábado por la noche y acribillado dentro de su coche junto al chófer. Entre 250 y 300 balas. Los dos muertos. Ni siquiera los pudieron salvar los cuatro policías que los escoltaban. Dos acabaron heridos. Uno de los sicarios también murió en el tiroteo, pero la venganza quedó consumada.

En Tierra Caliente, el narco sigue dictando sentencia. La región comprende partes de los Estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México. En 2014 vivó el alzamiento de las autodefensas, civiles armados contra el crimen organizado, y el Gobierno tuvo que concentrar allí buena parte de su músculo para golpear a las mafias y a la vez traer de vuelta al redil de la legalidad a los contingentes ciudadanos en vías de paramilitarización. El problema se contuvo. No se erradicó. Los carteles siguen queriendo ser el poder de facto. Soto Duarte es el ejemplo.

A principios de julio, a Sebastián Soto, primo del Alcalde de Pungarabato, lo encontraron muerto en un basurero

El alcalde ganó las elecciones de Pungarabato en 2015 e inmediatamente los señores del plomo llamaron a su puerta. "El tesorero y el director de obras tenían que ser los propuestos por el jefe de plaza [el capo local]", dijo Soto Duarte en una entrevista. Los hombres del narco tenían que seguir dentro del ayuntamiento para expoliarlo. Como tarifa base de extorsión le pidieron tres millones de pesos mensuales, unos 150.000 dólares. Por lo demás, ni que decir tiene que el nuevo alcalde debía apartar la mirada a los cultivos de amapola o al robo de ganado.

Él se negó e hizo visible su problema. Con las autoridades, con los medios de comunicación. La Secretaría de Gobernación le puso policías de guardaespaldas. Desde la Ciudad de México estaban al tanto de que la zona se estaba volviendo a calentar y reforzaron el operativo en vigor desde la crisis de las autodefensas con medio millar de agentes, después de que el zar anticrimen Renato Sales fuese en diciembre de 2015 a hablar con los alcaldes de la comarca en Ciudad Altamirano, capital de Pungarabato. Al terminar la reunión, Soto Duarte dijo a la prensa: "Rompamos el pacto de silencio, hay que decir las cosas".

Pasó el tiempo y el alcalde siguió amenazado. Además de ir con escoltas, empezó a cargar un arma. La primera semana de julio de 2016, su primo y anterior chófer, Sebastán Soto, fue secuestrado y apareció en un basurero, torturado y ultimado a balazos. Entonces el alcalde elevó su llamada de auxilio y tuiteó al presidente Enrique Peña Nieto: "Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar señor presidente. Tierra Caliente lo necesita".

El sábado pasado, de noche, lo cazaron a él. "No se dejó amedrentar", recordó tras su asesinato Miguel Barbosa, senador de su partido, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Barbosa dijo que Guerrero, punto de referencia de la geografía criminal mexicana desde el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, es un Estado "fallido" en el que las instituciones están "rebasadas".

El fin de semana recordó la vulnerabilidad de los alcaldes en México. Además de Soto Duarte fue asesinado Domingo López, alcalde de San Juan Chamula, un municipio indígena de Chiapas. Según la Asociación Nacional de Alcaldes, desde 2006 han han sido asesinados 47 alcaldes y 32 exalcaldes

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