Magistrado bajo la lupa por vínculos con el narco

José Guadalupe Luna Altamirano realizó movimientos bancarios inusuales y múltiples viajes no autorizados, algunos a Colombia.

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En 2008, Luna Altamirano revocó la condena contra el hijo de 'El Chapo' Guzmán. (Imagen de referencia/Excélsior)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- El Consejo de la Judicatura Federal informó el miércoles que ordenó la apertura de una investigación interna contra uno de sus jueces por posibles vínculos con el narcotráfico.

La institución dijo en un comunicado, citado por The Associated Press, que el juez José Guadalupe Luna Altamirano está suspendido de sus funciones y de sueldo desde mayo de 2013 y tras cerrarse un procedimiento administrativo contra él, ahora se le abre uno "de responsabilidad ante probables conductas vinculadas con la delincuencia organizada".

Según el comunicado, los órganos de vigilancia interna del consejo detectaron que Luna Altamirano realizó movimientos bancarios inusuales por casi tres millones de pesos "algunos de ellos en dólares americanos, los cuales no se vieron reflejados en sus declaraciones patrimoniales". 

Agregó que gran parte de las operaciones "pudieran estar asociadas con la delincuencia organizada".

Por lo que respecta a sus familiares, se detectaron depósitos por dos millones de pesos cuyo origen se desconoce, añade la nota de prensa.

Liberó a 'El Chapito'

Además entre sus conductas irregulares está abandonar el tribunal al que estaba adscrito para realizar "múltiples viajes a países de Centro y Sudamérica, entre ellos Colombia, lo cual contraviene normas legales".

El caso más conocido y polémico de Luna Altamirano fue su decisión de 2008 de revocar la sentencia contra el hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán. 

Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias "El Chapito", había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El magistrado consideró que "El Chapito" fue sentenciado con base en "apreciaciones subjetivas, personales y carentes de sustento jurídico" aunque desde la Procuraduría General de la República se consideraba plenamente acreditada su responsabilidad penal.

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