Agencias
MÉXICO, DF.- Mientras un juez federal otorgó una suspensión provisional al general Roberto Dawe González, luego de que reclamó que permanece incomunicado en el penal que se encuentra internado, la PGR investiga a su abogado Fernando López Capella por corrupción.

Funcionarios federales revelaron que el juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo, con residencia en Toluca, determinó otorgar la medida cautelar al militar, para que pueda ver a su defensor, según informa Milenio.

El general promovió dicho recurso el pasado 8 de enero, en donde se quejó de las medidas que ordenó el director del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, de quien señaló también ha impedido que su abogado desempeñe su profesión.

En tanto, Fernando Capella fue citado a comparecer en la PGR el próximo 6 de febrero, en calidad de presunto responsable, debido a una averiguación previa que inició la  Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción.

El requerimiento fue firmado por el agente del Ministerio Público Federal, Eric Adrián García Gómez, titular de la mesa 7 investigadora.

El abogado confirmó que sí fue llamado a declarar, pero dijo estar sorprendido, pues se trata de una averiguación previa iniciada por la institución en 2005.

De acuerdo con la PGR, contra el litigante se integra la AP/018/FECCCI/05, la cual se abrió por la adquisición “irregular” de una casa en Huixquilucan, Estado de México, donde actualmente viven sus padres. Lo anterior derivó de una denuncia anónima.

En los alrededores del domicilio, explicaron, se han presentado agentes federales, quienes sólo han tomado fotografías.

Mencionaron que Capella laboró en la PGR en el sexenio de Vicente Fox, donde ocupó cargos como subdelegado en Nayarit y Sinaloa.

Otros casos militares

El 31 de julio de 2012, un juez federal concedió a la PGR una orden de aprehensión contra el general Tomás Ángeles Dauahare, debido a que un divisionario y tres testigos colaboradores, entre ellos un mayor del Ejército, declararon que el ex secretario de la Sedena presuntamente protegió las actividades del cártel los Beltrán Leyva en Morelos.

También fueron consignados al penal de máxima seguridad los generales Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González.

Escorcia Vargas fue acusado de enviar soldados a Morelos para recoger el dinero que recibía Tomás Ángeles. Mientras que Dawe González presuntamente sirvió de enlace con el general Rubén Pérez Ramírez, comandante de la guarnición militar de Cancún, Quintana Roo (al que  también se encarceló), y al que supuestamente se le ofreció 30 mil dólares, para permitir la llegada de aviones con cocaína procedentes de Sudamérica.

La PGR también ejerció acción penal contra el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández, a quien se le imputó vender información sobre mandos militares que estaban en puntos clave del país, mismo que contactó a elementos de la Policía Federal y de la entoncesAFI para que no interfirieran y protegieran los arribos de aeronaves en Cancún.

Después de que se les dictó el auto de formal prisión los generales apelaron, recurso que está a punto de resolverse en el Quinto Tribunal Unitario del Centro Auxiliar Tercero, en Guanajuato.