Los gobernadores que 'avergüenzan' al PAN y al PRI

Tras las denuncias y las investigaciones en su contra, los políticos 'desaparecieron' de México y son buscados por la Interpol.

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Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz, y Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, son acusados de actos de corrupción que han generado un gran escándalo en México. (Archivo/Agencias)
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Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- Dos gobernadores mexicanos se convirtieron en fugitivos de la justicia, y se hallan en lugares desconocidos, en medio de dudas que puedan ser llevados a la cárcel a pesar de que hay órdenes de captura en su contra.

La Policía Internacional (Interpol) ha emitido una "ficha roja" para ubicarlos en cualquier sitio del mundo en que se oculten.

Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, y Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz, son acusados de actos de corrupción que han generado un gran escándalo en México y un clamor popular para endurecer las leyes penales en la materia.

De acuerdo con ansa.ir, dirigentes de organizaciones civiles acusan a los respectivos partidos que postularon a ambos jefes de gobierno, Acción Nacional (PAN), que arropó a Padrés y Revolucionario Institucional (PRI), que impulsó a Duarte, de haberlos protegido y permitido su huída.

Pero los jerarcas de ambas formaciones políticas se lavan las manos y aseguran que la tarea de capturarlos y procesarlos corresponde a las instancias de justicia.

"Es labor de las instituciones encargadas de las investigaciones" localizar a Padrés y Duarte, afirmó el jefe nacional del PRI, Enrique Ochoa, un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña.

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Ricardo Anaya, presidente del PAN, que hace campaña para postularse a la presidencia, rechaza a su vez haber protegido la fuga de Padrés y negó acusaciones del PRI que le reprochó haber demorado un año en aceptar que el mandatario fuera investigado por "enriquecimiento ilícito".

Ambos gobernadores han sido suspendidos en sus derechos políticos por los órganos encargados de vigilar el buen comportamiento de sus militantes pero los dirigentes de los dos partidos mantienen una disputa sobre quién ha sido "más imparcial" y ha actuado en contra más rápidamente.

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, un órgano del gobierno, encontró un desfalco superior a dos mil millones de pesos (unos 110 millones de dólares) en las cuentas correspondientes a los últimos meses de gestión de Padrés, que se presume vive escondido en algún lugar de Centroamérica.

Además, se le vincula con el lavado de 8.8 millones de dólares, provenientes de sobornos por contratos que otorgó a un amigo personal para fabricar uniformes escolares y de construir una presa en un predio del rancho "Pozo Nuevo", propiedad de su familia, que se vio obligado a destruir para evitar una investigación federal.

"Padrés no podrá evitar la cárcel, a pesar de los muchos amparos promovidos a su nombre, porque el lavado es delito grave", dijo Ochoa.

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Duarte, a su vez, renunció a su cargo a mes y medio de concluir su gestión, y se presume que se habría refugiado en Canadá tras ser acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La procuradora general Areli Gómez señaló que se busca a Duarte y a seis de sus colaboradores y que no se pidió su captura antes "porque se tuvo que respetar el debido proceso judicial".

"El juez primero valoró las pruebas que se presentaron en contra del ex mandatario, y a partir de ello procedió a liberar la orden de aprehensión en su contra, así como de otras ocho personas, de las cuales dos ya fueron detenidas", afirmó.

Además, rechazó que se haya pactado algún acuerdo para no proteger al jefe de una de las provincias más golpeadas por el crimen organizado.

Entre otras anomalías de las que se acusa a Duarte figura la de haber obligado a uno de sus amigos más cercanos, el empresario Moisés Mansur, a designarlo en su testamento como heredero de todos "sus bienes".

Mansur posee tres lujosas propiedades en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, que pasarían a ser propiedad de Duarte si fallece. 

El escándalo de los gobernadores en fuga ocurre cuando el Senado acaba de designar a nueve notables encargados de nombrar a un Comité Ciudadano Anticorrupción, surgido de recientes reformas legales, que se espera permita combatir con mayor efectividad este flagelo. 

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