Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- Cada año miles de mujeres sufren abuso sexual en el país, no todas se atreven a denunciarlo, ya sea por temor o vergüenza, muchas de las víctimas son menores de edad que se sienten amenazadas ante su agresor, el cual en muchos casos se trata de un pariente o un conocido de la familia. El siguiente reportaje de Paula Chouza de El País relata un poco de esta problemática en México.

Minerva siempre había sido una joven callada. Pasó su infancia en un pueblo del interior de México, pero al acabar la secundaria ella y su madre se mudaron a Pachuca, a seis horas de su casa-- para que pudiera estudiar un ciclo de enfermería en la escuela pública. 

El primer fin de semana de abril pasado la muchacha, de 17 años, fue violada en plena calle por un excompañero de estudios de su hermano. La muchacha quedó embarazada e intentó suicidarse.

Minerva había acudido a ayudar a la tienda de su madre y esta le pidió que fuera por cambio poco después de las 18:00 horas. 

“Pasaron algo más de 20 minutos hasta que regresó, yo estaba extrañada, pero pensé que habría ido a algún local más alejado a cambiar el billete”, relata su madre, de 39 años, en un restaurante situado a unas cuadras del negocio, en el centro de la ciudad.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas establece que cada año se cometen 600 mil delitos sexuales en el país, unas mil 640 denuncias al día en este país de 122 millones de habitantes. 

En nuve de cada 10 casos la víctima es una mujer (540 mil). Según datos de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil cuatro de cada 10 agredidas tiene menos de 15 años. Es decir, 216 mil niñas sufren un delito sexual cada año en México. La mitad de los ataques se cometen en el hogar y en el 60 por ciento de los casos el responsable es un familiar o una persona conocida.

El silencio de Minerva se acentuó en las siguientes semanas. Dejó de comer y adelgazó más de 10 kilos. 

“Llegó a pesar poco más de 40. Un día no aguantó más y vino a buscarme a la tienda para contarme lo que había pasado”, explica su madre en Pachuca.

A su abogada no fue capaz de decírselo. En vez de hablar, describió en su cuaderno la agresión. Cómo el joven, de unos 24 años, la abordó para decirle que quería hablar con ella. Cuando Minerva se negó, la agarró fuertemente del brazo y la arrastró hasta un callejón donde le bajó los pantalones y la penetró mientras ella oponía resistencia y lloraba.

Con la ayuda de una organización civil, la joven violada solicitó ante la Secretaría de Salud local el acceso a la interrupción legal del embarazo. Aunque pudo abortar, los abogados temen ahora que las autoridades cierren el expediente por falta de pruebas, un patrón que, según explica la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “se repite en la mayoría de las denuncias por violación”.

La lista de abusos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes en México es abrumadora por extensa: 

• Esmeralda, de 12 años, fue violada por su padrastro en Sonora.
• Mónica, una indígena mazateca que no habla español, también fue agredida a la misma edad por un conocido. 
• Rosa, de 14, quedó embarazada tras un año de abusos cometidos por su padre en el Estado de México. Este amenazaba con hacerle daño a su madre si lo contaba. 
• Carmen, de 13 años, vivió bajo las mismas advertencias las agresiones de la pareja de su progenitora.
• Paloma, tabasqueña de 10, fue violada y quedó embarazada.
• Citlalli, sonorense de 13, atacada por un compañero de trabajo de su padre en su propia casa y quedó embarazada.

Según datos de la OCDE de 2015, México ocupa el primer lugar, entre los países miembros, en embarazo adolescente. También en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.

En este marco, la Estrategia nacional para prevenir embarazos a temprana edad, aprobada en 2015, reconoce que la “alta prevalencia de casos de violencia sexual en menores de 18 años es una de las causas de embarazo de niñas y adolescentes en México.

Las mujeres víctimas de violencia sexual son expuestas a diversos riesgos como consecuencia de este acto de violencia: lesiones físicas y psicológicas, la transmisión de infecciones de transmisión sexual y un embarazo no deseado.”

En el informe Violencia sin Interrupción, al que ha podido acceder este periódico, GIRE documenta que entre enero de 2009 y el 30 de junio de este año se presentaron ante las fiscalías locales y la Procuraduría General de la República 70 mil 630 denuncias por violación. Aunque el aborto en los casos en que el embarazo es producto de una violación está permitido en todo el país y la Norma Oficial Mexicana 046 reconoce el derecho de toda víctima de una agresión sexual mayor de 12 años a interrumpir su embarazo sin necesidad de presentar una denuncia, hasta la fecha solo se ha autorizado el aborto en 61 casos.

Las leyes que protegen a la mujer

En febrero de 2007, el Diario Oficial de México publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que posteriormente fue adoptada por cada una de las 32 entidades del país.

La Ley General de Víctimas, aprobada en México en 2013, reconoce en el artículo 28 que los servicios a los que se refiere dicha legislación tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.

En armonización con la Ley General de Víctimas, en febrero de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que facilita el acceso al aborto a todas las víctimas mayores de 12 años que como resultado de una agresión sexual hayan quedado embarazadas, sin necesidad de denuncia o autorización de autoridad alguna o consentimiento de padre, madre o tutor/a.

Asimismo, México forma parte de los tratados internacionales de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas (Cedaw).