Agencias
MÉXICO, DF.- A cinco meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que un juez ordinario revisara el proceso judicial contra una educadora del Ejército, acusada de abuso sexual de menores, la mujer logró tumbar uno de los dos autos de formal prisión dictados en su contra.

Se trata del caso de la sargento educadora Silvia Hernández Tamariz, quien en 2010 fue señalada por la Procuraduría General de Justicia Militar como probable responsable de abuso de menores que se encontraban bajo su responsabilidad en el área de Preescolar del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 1, Niños Héroes, en la Ciudad de México.

Un juez militar adscrito a Mazatlán, Sinaloa, determinó que había elementos para iniciar dos procesos penales contra la indiciada, uno por abuso y otro por corrupción de personas que no tienen la capacidad de comprender el signi¡ cado del hecho.

Sin embargo, ahora que el caso llegó a la juez 11 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Oriente, Rosa María Cervantes, consideró que no había elementos para juzgarla por lo que hace al delito de corrupción de menores, motivo por el cual dictó auto de formal libertad.

La educadora continúa presa en dicho centro penitenciario del Distrito Federal y ahora tendrá que demostrar que no es responsable del delito de abuso de menores, el cual se castiga con una pena que va de los 8 años a 20 años de prisión, según informa Milenio.

Cabe mencionar que la Corteatrajo en febrero de 2012 el amparo en revisión de Hernández Tamariz, luego de que la defensa de la sargento impugnó la resolución del juez Décimo Primero de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que si bien ordenó que el caso debía ser revisado por un juzgado civil, no se pronunció por el fondo del asunto, es decir, por la inocencia o culpabilidad de la mujer.

El 30 de agosto de 2012, la Suprema Corte otorgó un amparo a Hernández Tamariz, por lo que quedaron sin efecto los autos de formal prisión que la justicia militar dictó en su contra, en enero de 2010 y agosto de 2011.

Con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Corte determinó que ella fue sometida a un proceso penal bajo un artículo del Código de Justicia Militar que no es convencional, porque no se sujeta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que la Corte no podía llegar al extremo de conceder un amparo “liso y llano” a la quejosa para quedara en libertad, pues fue acusada de un delito grave, pero aclaró que tampoco se le podía aplicar el otro extremo de permitir que siga privada de su libertad sin sustento alguno, por lo que el juez federal debía revisar su situación.