Rubén Mosso/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar una investigación "seria y exhaustiva" para que busque en todas las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de Guanajutao al civil Juan Flores Solorio, quien fue desaparecido por militares el 25 de noviembre de 2015, en Pénjamo.

En la sentencia de amparo emitida por el juzgado noveno de distrito de Guanajuato, con residencia en Irapuato, se subraya que la PGR actuó de manera irregular en este asunto, porque inició la investigación por el delito de privación ilegal de la libertad y no por el de desaparición forzada.

"Además, (la PGR) aplicó el procedimiento penal tradicional, no obstante que la violación tuvo lugar cuando ya había entrado en vigor el nuevo sistema penal en la entidad", detalla el expediente.

La sentencia puntualiza que la PGR omitió informar al juzgado el estado de la investigación, a pesar de que así le fue solicitado. "Con ello, se inobservó la obligación de investigar de manera efectiva y pronta la desaparición del quejoso", indicó el juez.

En el fallo se destaca que el amparo no se considerará cumplido hasta que se localice al quejoso con vida o se encuentren sus restos, y se deslinden responsabilidades en el ámbito penal.

De acuerdo con antecedentes, el 25 de noviembre de 2015, alrededor de las 21:00 horas, elementos del Ejército adscritos a la base de operaciones en Pénjamo, perteneciente al Octavo Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento en Irapuato, arribó a una comunidad en Pénjamo a bordo de camionetas oficiales.

Uno de los militares brincó la barda del patio trasero de la casa de Flores Solorio, abrió el portón y permitió el acceso a otros militares, sin que existiera orden de cateo o delito flagrante, ni permiso de los habitantes del domicilio.

Los militares detuvieron a Flores, a quien sacaron de su domicilio a la fuerza y subieron a una de las camionetas de la corporación castrense, sin que existiera caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito, ni orden de aprehensión.

A las 23:25 del mismo día, los militares pusieron al quejoso a disposición de la dirección de Seguridad Pública de Pénjamo, por la supuesta comisión de una falta administrativa consistente en vejar o maltratar a los militares, pues afirmaron que los insultó con groserías.

Terminado el arresto de seis horas, el 26 noviembre de 2015, la Dirección Pública Municipal de Pénjamo dejó en libertad a Flores, quien salió de las instalaciones a las 17:35 horas, y avanzó por la calle Siglo XX en dirección a Insurgentes, lo cual quedó registrado en un video captado por la cámara de seguridad colocada en el acceso a dicho inmueble. Esta es la última noticia que se tiene del quejoso.

Algunos segundos después, en el mismo video se observa una camioneta militar con las luces apagadas, proveniente de Siglo XX, la cual se incorpora a la calle Insurgentes con dirección al oeste, pero ya no se vio salir a Flores.

El juzgado federal resolvió que con los medios de prueba se demostró una primera violación a los derechos humanos del desaparecido, así como de su esposa, Celia Mora Higuera, pues elementos del Ejército se introdujeron ilegalmente a su domicilio y detuvieron arbitrariamente a la víctima.

"Con las grabaciones de las cámaras de seguridad pública y las entrevistas de los militares se acreditó que elementos del Ejército mexicano detuvieron al quejoso cuando salió de los separos municipales, y hasta la fecha no se tiene noticia de su paradero", señaló el juez.

El juzgador subrayó que con lo anterior se probó la desaparición forzada del quejoso y la consecuente vulneración de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad, así como sus derechos a la integridad personal y personalidad jurídica. El derecho a la integridad personal fue violado también a la esposa del desaparecido, debido al sufrimiento provocado por la incertidumbre sobre la situación de su marido.