Agencias
MÉXICO, D.F.-  María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Alejandro Martí, presidente de la Fundación México SOS, rechazaron la creación de las policías comunitarias ante el riesgo de que se conviertan en grupos paramilitares, mientras el Centro Miguel Agustín Pro justificó su aparición ante la falta de seguridad en diversas regiones del país.

“Por supuesto que no estoy a favor de eso, porque si cada quien puede regirse por la ley que quiere ¿qué México podemos esperar? Se puede convertir en un tipo de paramilitares”, dijo Morera.

“Hay un ejemplo muy importante en Colombia de un señor que entró con el tema de autodefenderse hace muchos años y él, en su biografía, dijo que si hubiera sabido el dolor que iba a causar a través del tiempo nunca lo hubiera hecho”, indicó.

En tanto, Alejandro Martí, presidente de la Fundación México SOS, consideró que aún cuando la conformación de grupos de autodefensa respondan al “hartazgo” y “desesperación” de la población ante la falta de justicia, resulta “enormemente preocupante” la aparición de estos colectivos, porque está comprobado que se salen de las manos de las autoridades, según publica Milenio.

En tanto, José Rosario Marroquín, director del Centro Miguel Agustín Pro, aseguró que estos grupos se pueden frenar con una política de seguridad clara, como la que ya planteó el presidente Enrique Peña Nieto.

No obstante, precisó: “Mientras no se dé la atención específica a nivel federal, estatal y municipal, y la gente continué con la percepción de inseguridad, van a seguir recurriendo a las medidas que encuentren a su alcance, muchas de ellas están dentro del marco legal, de lo que está permitido”, enfatizó.

Origen de las policías

Según documentos oficiales, en La Montaña de Guerrero nació, en 1995, la policía comunitaria, con la participación de “la Iglesia” y “profesores”, así como de pobladores de la región.

En la comunidad de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, se organizaron grupos de autodefensa para luego convertirse en policía comunitaria, respaldada siempre por el llamado Consejo de Ancianos o Principales, por ser las personas de “más sabiduría y respeto”.

En su reglamento interno la policía comunitaria establece que con su creación “tenemos la posibilidad de hablar en nuestras lenguas, que caracterizan este nuevo derecho de los pueblos que estamos construyendo.

“Es un derecho distinto al derecho que el Estado nos impone y que no nos sirve para resolver los problemas que tenemos que enfrentar”, se establece en los documentos que dan cuenta de su creación.

Recientemente, en torno a la figura de policía comunitaria, han comenzado a gestarse grupos de autodefensa, propalándose ya en ocho entidades. Su lema es “investigar antes que procesar, conciliar antes que dictar sentencia, reeducar antes que castigar, no hacer distinción de edad, sexo, color, religión y grupo social, impartir una justicia pronta y expedita”.

Bajo esa visión se realizó la primera Asamblea Popular en la comunidad El Mezón, en Ayutla de los Libres. El pasado 31 de enero, ante 10 mil pobladores de la Costa Chica, grupos de autodefensa y policías comunitarias presentaron a 54 presuntos integrantes del hampa.

Uno a uno de esos presuntos delincuentes fue llevado a la explanada principal, conforme al llamado Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria, creado en 1995.

En su página de internet, la policía comunitaria de Guerrero asegura que desde ese año se tomó la decisión de tomar las armas y constituirse como tal, debido a que “uno de los principales factores de nuestro surgimiento fue la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad pública del estado”, es decir, los mismos motivos que ahora argumentan los llamados grupos de autodefensa.

Entonces los habitantes de La Montaña denunciaban sistemáticamente “la gran ola de violencia que se presentaba en los caminos de La Montaña (lo que hoy es la carretera Tlapa-Marquelia) y la Costa Chica (San Luis Acatlán-Marquelia), en Guerrero.

“De 1992 a 1995 se vivió la más despiadada ola de violencia, pues los asaltos eran perpetrados casi a diario; las mujeres y las niñas eran violadas delante de sus padres y esposos, y los asaltantes frecuentemente llegaban al asesinato de las personas que se resistían.

“Al ver la negligencia de las autoridades y la ineficiencia del sistema jurídico que se resistía a investigar y tras el pago de mordidas, rápidamente dejaba libres a los delincuentes (…) En 1993 y 1994 los afectados y la Iglesia local empezaron a convocar a reuniones para discutir los delitos padecidos”, se lee en los documentos básicos de la Policía Comunitaria.

“Nos han impuesto la necesidad de construir una justicia y un derecho que retomen lo que nuestros pueblos han hecho antes, pero ajustado a las condiciones actuales. En la construcción de este derecho nuestro, antiguo y nuevo a la vez, en las prácticas para la impartición y procuración de justicia, en la reeducación comunitaria, estamos de hecho construyendo un sistema autónomo”, se puntualiza.

“No hay Estado fallido"

Morera aseguró que en México no existe un Estado fallido, sin leyes, de ahí que los grupos de autodefensa no tienen facultades de mandar por sí solos.

Precisó que en estados como Guerrero, las autoridades tienen una gran responsabilidad, ya que han provocado que se formen esos grupos, elegidos por la misma comunidad.

“Los grupos de autodefensa se formaron hace como 19 años, cuando empezó la policía comunitaria. Sin embargo, esta policía no va encapuchada, no está armada y lo que hacen es proteger a su comunidad”, agregó.

Por separado, Alejandro Martí aseguró que “lejos de estar ayudando al Estado mexicano a impartir la justicia, (las comunidades en autodefensa) se pueden convertir en un verdadero problema: que se formen grupos paramilitares.

“La ausencia del Estado ha generado este tipo de situaciones, pero en ningún país han sido una solución, como tampoco los escuadrones de protección contratados porque terminan por convertirse en un problema vinculado con la delincuencia”, dijo a MILENIO.

Rosario Marroquín, director del Centro Pro, reiteró que el levantamiento de grupos civiles en diversas zonas del país revela “que las autoridades no se atendido debidamente las medidas de seguridad por parte de las autoridades federales, estatales y municipales”.