Jesús Guerrero / Agencia Reforma
CHILPANCINGO, Guerrero.- Igual que hace un año, 45 familias de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, tuvieron que abandonar sus casas por la violencia que prevalece en la zona.

Los desplazados llegaron ayer a Puerto de Ollas sin que las autoridades hayan frenado las amenazas de muerte de las que han sido objeto por parte de grupos de talamontes y narcotraficantes.

En mayo del 2011 inició en primer éxodo de las familias. Estuvieron en Puerto de Ollas hasta noviembre de ese mismo año y, al regresar a La Laguna, volvieron a ser amenazadas.

Esta nueva movilización tiene menos integrantes.

La líder ecologista que encabezaba a las familias, Juventina Villa, y su hijo Reynaldo Santana, fueron asesinados el miércoles pasado momentos antes de que policías los custodiaran a la localidad de Puerto de Ollas.

Según la Red de Derechos Humanos en Guerrero, del 2005 a la fecha grupos armados han asesinado a 25 ecologistas en la entidad.

Por lo menos 15 de esos asesinatos fueron cometidos del 2011 a la fecha, y se trata de miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

Diez de esos muertos eran familiares de Juventina, uno de ellos su esposo, Rubén Santana Alonso, ultimado a tiros en febrero pasado.
Manuel Olivares Hernández, coordinador de la Red de Derechos Humanos de Guerrero, informó ayer que efectivos del Ejército y Policías Estatales custodiaron a las familias.

"La gente apenas se llevó lo indispensable: ropa y colchonetas"

"Me informaron que todos llegaron bien a esta comunidad, y durante el trayecto fueron custodiados por soldados del Ejército y Policías Preventivos Estatales. Nosotros esperamos que esta seguridad permanezca en Puerto de Ollas para evitar una nueva agresión contra la gente", indicó.

Las familias, contó, ocuparán las mismas casas que les prestaron en 2011, durante el primer desplazamiento.

"La gente apenas se llevó lo necesario, como es ropa y colchonetas, por lo que es urgente que las autoridades estatales los doten de víveres, además de que les garantice el funcionamiento de un centro de salud".

Olivares Hernández alertó que en algunas conversaciones que ha tenido, vía telefónica, con algunos de los desplazados le comentaron que tienen miedo de una nueva agresión.

"La normalidad en la sierra no ha llegado. Nosotros creemos que las familias pudieran estar más tranquilas si el Gobierno las saca de esa zona, y las reubica en un lugar seguro, lejos del alcance de las bandas de delincuentes", mencionó.

"Me dicen que la gente está muy triste por el asesinato de Juventina, y tienen temor de les pueda ocurrir lo mism en cualquier momento".

El coordinador de la Red de Derechos Humanos de Guerrero informó que hoy dirigentes de diversas organizaciones tendrán en Taxco una reunión con el Gobernador Ángel Aguirre, a quien le van a plantear la reubicación de las familias desplazadas en un lugar seguro.

"Nosotros esperamos que a la reunión asista la Procuradora de Justicia, Martha Elba Garzón Bernal, para que nos informe de todos los avances de estos crímenes y, principalmente, del caso de Juventina Villa, porque hasta estos momentos no sabemos nada", sostuvo.

Otro de los planteamientos que le harán al Mandatario estatal es que ponga en marcha un programa de desarrollo social para las familias de La Laguna, que les garantice acceso a un trabajo, y a servicios de salud y educación.