R. Mosso y L. Fernández/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa contra funcionarios de esa dependencia y el testigo protegido, Jennifer, cuyas acusaciones dieron origen a la pesquisa que llevó a la cárcel al general Tomás Ángeles Dauahare.

Entre los servidores públicos investigados hay agentes del Ministerio Público federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El mismo testigo fue soporte en el caso de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SIEDO, preso desde 2008 y que el lunes pasado recobró su libertad.

Ese día el juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales del Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, reveló que la PGR usó testimonios que obtuvo de manera ilegal para culpar a este ex funcionario.

Precisó que Jennifer, cuyo nombre real es Roberto López Nájera, presuntamente “fabricó pruebas” para culpar a diversos servidores, quienes fueron acusados como parte de la Operación Limpieza cuando Marisela Morales Ibáñez estuvo al frente de la PGR.

Ayer el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la indagatoria comenzó en atención a una orden del propio juzgador, quien subrayó que las declaraciones del testigo carecían de probidad.

“Desde el proceso se dejó claro que el ámbito probatorio había sido agotado y a criterio de la PGR, en el momento que le piden sus conclusiones, (decide que) no había suficientes elementos para considerar una condena (contra el general), porque la acusación estaba sustentada en el dicho de un testigo protegido (Jennifer) bastante desacreditado, y en circunstancias muy poco probables”, dijo el procurador.

“En consecuencia, repito lo que he dicho siempre: la procuraduría está obligada, más que a ninguna otra cosa, a ver que la ley se aplique con justicia, y en ese criterio es que planteamos el criterio no acusatorio”, dijo en entrevista en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

En tanto, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Ángeles Dauahare aseguró que su detención tuvo tintes políticos, aunque ajenos a la sucesión en la Secretaría de la Defensa.

También culpó a la SEIDO, a los dos agentes del Ministerio Púbico que integraron la averiguación del caso que lo llevó a la cárcel.

—¿Usted responsabilizaría directamente (de su aprehensión) al ex presidente Felipe Calderón? —se le cuestionó.
—En primera instancia, al órgano de procuración de justicia …

—¿Pero sería a la procuradora o al Presidente?
—Lo haría contra el subprocurador de la SEIDO y contra los agentes del Ministerio Público que participaron en esto si tuvieran responsabilidad. A la procuradora, pues adelante ellos tendrán mejores elementos de juicio para inculparla.

—¿Por qué cree usted que lo metieron a la cárcel?
—Definitivamente no fue por una cosa criminal. No encontraron nada delictivo, no fue por eso. Fue en otra vertiente, otro tipo de motivos existirían para…

—¿Cuáles, general? ¿Políticos? 
—Pues sí.

—¿La sucesión en la secretaría?
—No precisamente. En entrevistas con Joaquín López-Dóriga, en junio (del año pasado), y con Carmen Aristegui, en julio, manifesté que no iba a ser titular de Sedena, que no iba a ser secretario de Seguridad. Esto fue mucho antes de que se presentara la toma de posesión de Peña Nieto.

Críticas de legisladores

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra, calificó de perversa, inhumana y cruel la manipulación de la justicia a partir de testigos protegidos.

Lamentó que casi 70 procesos se hayan desarrollado con base en las declaraciones “sin fundamento” de Jennifer.

El coordinador de los priistas en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que las autoridades tienen la obligación, en caso de que haya denuncia del afectado, de continuar con la averiguación y determinar quién fue el responsable “de este abuso del poder”.

En tanto, tras la liberación del general Ángeles Dauahare, el PRD demandó que desaparezcan las figuras de arraigo y testigos protegidos, ya que se ha abusado de éstas.

“Lo dijo ya un extinto y en su momento diputado Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Corte: (el dilema es) detener para investigar o investigar para detener”, dijo el presidente nacional de ese partido, Jesús Zambrano, en conferencia de prensa en el Senado.