Milenio
MÉXICO, D.F.- El PRI en la Cámara de Diputados propuso elevar a rango Constitucional que los adultos mayores puedan gozar de una pensión económica por vejez, así como el acceso para su adecuada movilidad en espacios y transporte público.

La iniciativa presentada por la legisladora mexiquense, Irazema González, plantea en el Artículo 4o de la Constitución, que se establecerán las modalidades y apoyos para el acceso a estos derechos, y que el Estado implantará políticas públicas para la integración y participación de los adultos mayores en la vida activa y comunitaria.

La diputada priista indicó que los adultos mayores son uno de los sectores más vulnerables de la población, porque no cuentan con una retribución económica que les permita satisfacer sus necesidades básicas, además de los constantes impedimentos arquitectónicos de movilidad en espacios públicos y transportes, lo que dificulta que se integren y participen en la vida económica y social.

Advirtió que el porcentaje de adultos mayores que no cuentan con este tipo de seguridad social es bastante amplio, por lo que se deben garantizar las ayudas pensionarias a este grupo, para que tengan un desarrollo pleno, porque de lo contario se les estaría condenando a la marginación.

La propuesta señala que de acuerdo al Censo de Población 2010, la población mexicana de 60 años y más, asciende a 10 millones 55 mil 379 personas, es decir el 9.06 por ciento de la población total del país, y se tienen que empezar a garantizar sus derechos porque la población de adultos mayores va en aumento.

González recalcó que es importante promover una cultura de envejecimiento digno y de calidad en nuestro país, porque de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para el 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años; y para el 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es importante diseñar política públicas con este enfoque.

La legisladora mexiquense concluyó que, “la presencia de estos derechos en el máximo ordenamiento de la nación, los hace operativos, de aplicación directa, pero sobre todo vinculantes con los poderes públicos y con las necesidades de los adultos mayores”.