Milenio
MÉXICO.- En estos días el Senado se encuentra trabajando en los dictámenes de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado. Quienes tenemos la responsabilidad de participar en estas discusiones, que darán a nuestro país un nuevo marco normativo en la materia, somos conscientes que México se encuentra ante una encrucijada histórica, una coyuntura crítica, de la que sin duda saldrá fortalecido, considera Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI.

La realidad de la energía en el mundo ha cambiado y México es el último país en modernizar su sector energético. El presidente Enrique Peña Nieto ha tenido la templanza y el liderazgo para tomar una decisión valiente, necesaria, que genera posiciones encontradas al proponer un cambio de paradigma de hondo calado. Pero es hora de hacer una nueva historia, que proyecte al país hacia el futuro brindando mayores oportunidades de crecimiento y generando más empleos y mejor remunerados, con miras a alcanzar el desarrollo que todos los mexicanos esperamos y merecemos.

La reforma energética es la respuesta a los desafíos que el momento histórico nos presenta. Una reforma que se ha venido discutiendo por más de 15 años en el país, que concentró por más de 14 meses los trabajos de las comisiones unidas. Una reforma que no se deriva solo de la iniciativa presidencial, como muchos quieren hacer ver. Por el contrario, es resultado de un amplio debate de ideas, de foros realizados en todo el país, con participación de la sociedad civil, académicos, investigadores y técnicos especialistas. Los cuatro dictámenes originalmente recibidos del Ejecutivo, que contienen 14 leyes, recibieron más de 400 modificaciones en su proceso de discusión.

Por más competencia y más ofertas

La reforma promueve la competencia en el sector energético, que se ha caracterizado en nuestro país por la presencia de monopolios estatales, permitiendo que la inversión privada brinde mayores opciones a los consumidores, además de aportar la tecnología y el capital necesarios para la exploración y la extracción de recursos no convencionales, de difícil acceso, riqueza que pertenece y seguirá perteneciendo a la nación y que hoy se encuentra desaprovechada. 

Pemex y CFE se transforman en empresas productivas del Estado para lograr una mayor eficiencia en su funcionamiento, elevando sus capacidades y potenciando la competitividad del país. No pasan a manos privadas, continúan bajo administración estatal. De esta manera se fortalece la soberanía y la seguridad energética de la nación, manteniendo en todo momento la propiedad de los hidrocarburos del subsuelo en manos de todos los mexicanos.

La oferta de gas natural aumentará como un combustible alternativo, buscando apuntalar la transformación de la matriz energética hacia fuentes más amigables con el ambiente, hacia energías limpias. Promoviendo un entorno de competencia se brindarán mejores condiciones para su extracción y suministro, bajando los costos, lo que también impactará en una reducción del precio de la energía eléctrica. Esto redundará en el impulso a cadenas productivas nacionales de valor, y en beneficios para las empresas y los millones de hogares mexicanos.

Es importante resaltar que el Estado mantiene la rectoría del sector eléctrico. Se busca que el país goce de infraestructura amplia, moderna y suficiente para abastecerlo de la mejor manera, atendiendo la necesidad de electrificar a todo el territorio nacional, avanzando en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Al mismo tiempo impulsa la generación de lo que apuntala la producción de electricidad de manera renovable.

Esta reforma canalizará recursos excedentes a rubros específicos, como el ahorro de largo plazo, un sistema de pensión universal, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, proyectos de energía renovable y becas, entre otros, a través del Fondo Mexicano del Petróleo.

A la Secretaría de Energía, a la  Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía se les fortalece, y se crea el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que ejercerá el control operativo del sistema eléctrico nacional. 

Un tema central es el fortalecimiento de esquemas de transparencia y rendición de cuentas, apoyado en el principio de máxima publicidad, con el claro objetivo de erradicar las prácticas ilícitas, ya que cualquier ciudadano podrá acceder a la información referente a los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que se otorguen. Además, se promoverá la responsabilidad social de las empresas del sector, que deberán tomar en cuenta la situación de las comunidades donde desarrollen sus actividades.

Hasta el momento en el Senado hemos discutido y votado los tres primeros dictámenes, y entramos en la discusión del restante, conscientes que se trata de la reforma más profunda en los últimos 60 años en la vida política, social y económica del país. Tenemos la plena seguridad de que las leyes que serán aprobadas redundarán en una mejor calidad de vida de las familias mexicanas en los próximos años.