Lorena López/Milenio
MÉXICO, DF.- La Gendarmería Nacional y el Programa Nacional de Prevención del Delito que creará la Secretaría de Gobernación costarán cuatro mil millones de pesos.

Se trata de los dos nuevos programas que echará a andar la dependencia y cuyos recursos fueron aprobados para el próximo año, cuando asuma sus nuevas funciones de seguridad pública.

De acuerdo con la estrategia programática que Gobernación incluyó en el Presupuesto de Egresos, el Programa Nacional para la Prevención del Delito contará con dos mil 500 millones de pesos en un sistema que pretende articular esfuerzos de desarrollo social, económico y educativo, parte de lo que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el pasado lunes en lo que llamó la política de Estado en materia de seguridad.

También se incluye en un presupuesto una provisión para la creación de la Gendarmería, con un presupuesto previsto en mil 500 millones de pesos.

Entre los programas que mantiene la Segob de la administración anterior se encuentran el de la generación de servicios de inteligencia para la seguridad nacional, que contará con dos mil 700 millones de pesos y los subsidios para que los estados fortalezcan sus instituciones de seguridad en materia de mando policial, con dos mil 500 millones de pesos.

Gobernación enumeró los principales programas y proyectos a desarrollar en 2013, entre los que están la elaboración de estudios políticos, económicos y sociales para alertar sobre riesgos y amenazas a la seguridad nacional, así como el proyecto para prevenir, dar seguimiento, atender y solucionar conflictos nacionales con la participación de los actores políticos.

También considera acciones relevantes la generación de mesas de diálogo para atender y solucionar conflictos, la aplicación de políticas contra la piratería, el contrabando y el comercio ilegal y la operación de la red nacional de Información para intercambiar información de inteligencia.

La Segob se propone también aplicar mecanismos de control de confianza y mejorar la selección y promoción de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y supervisar los procesos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para suministrar información.

Entre las acciones que se mantienen de la anterior administración se encuentran la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio, pero incluye un proyecto para medir su avance en las entidades. Así como actualizar las bases de datos del Registro Nacional de Población, sin aclarar si se trata de emitir cédulas de identidad ciudadana o continuar con el registro de menores que inició el gobierno anterior, ante la imposibilidad de encargarse del registro ciudadano nacional.