AGENCIAS
MÉXICO, DF.- El dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, respondió a la CNDH y exigió que también se otorgue medidas cautelares a las víctimas de la delincuencia organizada, porque el máximo órgano de derechos humanos “solo defiende delincuentes.

“A las personas que han sido víctimas de violaciones, asesinatos, secuestros, extorsiones y pago de cuotas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos les debe brindar medidas cautelares. Quién nos va a garantizar que la delincuencia (organizada) no tenga una represalia contra nosotros”, reprochó.

“También aquellos a los que se llevaron y ya no regresaron tenían derechos humanos”, dijo el dirigente de la organización que mantiene las acciones de autodefensa en la Costa Chica, según informa Notimex.

El pasado sábado 2 de febrero, la CNDH solicitó al gobierno estatal la aplicación de medidas cautelares para salvaguardar los derechos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de los 54 detenidos por las policías comunitarias de la Costa Chica.

En entrevista previa a una reunión con alcaldes, diputados locales y legisladores federales en esa región de Guerrero, Plácido Valerio manifestó que la CNDH tiene que ver por todos, y pidió un plazo para consensar con las comunidades la entrega o reeducación de las 54 personas bajo resguardo comunitario.

“Se está llevando un proceso de consulta con los pueblos y será a través de la asamblea popular que se decida en qué momento se deben entregar al estado.

“Que nos permitan un espacio de consulta a los ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la delincuencia. Estamos declarándonos en el proceso de consulta e investigando quién está detrás del movimiento (delincuencia), porque los que tenemos detenidos no son los grandes sino los pequeños”, explicó.

Agregó que en la construcción de la propuesta para reparar el daño también se tomará en cuenta la participación de las familias de quienes son señalados como culpables, las cuales tendrán todas las condiciones para defender la inocencia de sus seres queridos. 
  
“Así como nos causan lástima éstos que están aquí resguardados, también nos deben causar lástima los que no han regresado a sus casas, los que fueron secuestrados y mancillados en su dignidad. Debemos todos ser justos”, señaló Placido Valerio.

“Hay quienes en estos momentos podrán decir que los muertos no cuentan, porque ya no pueden expresarse, pero ellos dejaron mujeres, esposos, hijos e hijas, dejaron familia y necesitamos construir un plan para la reparación del daño.”

Mario Campos Navarrete, sacerdote de Malinaltepec y promotor del modelo de seguridad comunitaria, dijo que las familias viven meses y años de angustia cuando pierden familiares y no hay quién les dé información y nada garantiza su regreso.

Recordó que le tocó vivir de cerca el proceso del que emergió la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y manifestó que hay una situación similar en el caso de la UPOEG.