Agencias
MÉXICO, D.F.- El Sindicato Mexicano de Electricistas aprobó instalarse en plantón permanente en la calle de Bucareli hasta que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reciba a la comisión negociadora e instruya a las instancias gubernamentales a cumplir con el proceso de pago a los más de tres mil jubilados y la reinserción laboral de unos 12 mil trabajadores que no aceptaron la liquidación ofrecida por Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

El secretario general del SME, Martín Esparza, informó que el pasado 15 de mayo el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, les notificó que ya se había autorizado el pago a sus trabajadores jubilados y había una propuesta de contratación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los extrabajadores de LyFC y que el sindicato había dado tiempo al secretario Osorio Chong para proceder, pero ante la falta de respuesta permanecerán en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación hasta tener contacto con el encargado de la política interior del país, según informó Milenio.

“La última vez de un plantón fueron seis meses en el Zócalo y hoy simplemente en las próximas horas tenga a bien el secretario de Gobernación recibir a la comisión negociadora porque ya el asunto prácticamente es una decisión de instrucción de él”, dijo Martín Esparza, al tiempo que se instruía a los manifestantes a instalar carpas en la calle de Bucareli entre las calles de Morelos y Ayuntamiento.

También señaló que el subsecretario Miranda Nava les informó el pasado 15 de mayo que ya estaba listo el procedimiento administrativo de su compañero Jorge Ulises Uribe y lo que hacía falta era únicamente la instrucción de Osorio Chong a las dependencias involucradas.

Martín Esparza dijo que el subsecretario Miranda ya había cumplido con los compromisos expresados por el propio Osorio Chong en su encuentro del 10 de abril, por lo que no pedían tampoco un encuentro con él, ni aceptaron ser recibidos por el titular de Enlace Federal, Alejandro Ozuna.

Recordó también que el pago de los jubilados implicaría unos mil 500 millones de pesos y que se trata de una solución amistosa a un conflicto heredado de la pasada administración, que también ya se llevó ante la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.