Agencias
MÉXICO, D.F.- En un fallo histórico la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó las pautas para que las autoridades ministeriales del país investiguen con perspectiva de género los casos de feminicidio.

Al conceder un amparo a la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima quien en junio de 2010 fue presuntamente asesinada por su esposo, los ministros de la Primera Sala de la SCJN ordenaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México indagar de nueva cuenta el caso Lima Buendía, pero ahora como un probable feminicidio.

"Los ministros de la Corte estuvieron a la altura. (La resolución) es el mejor regalo que mi hija podría haber recibido en un día como hoy, fecha en que ella cumpliría 34 años ¡Ya es suficiente con lo que la misoginia ha hecho con nuestras mujeres!”, exclamó Irinea Buendía tras conocer el fallo de la Corte.

Desde junio de 2010, los resultados de las investigaciones efectuadas por las autoridades mexiquenses se empeñaron en descartar un caso de feminicidio cometido contra la Mariana y resolvieron que la joven se había suicidado.

Las autoridades señalaron que Mariana Lima se suicidó y no que había sido presuntamente asesinada por su esposo.

Ese día inició una batalla jurídica para la señora Irinea Buendía, con el objetivo de comprobar que en realidad su hija fue asesinada y no se quitó la vida, como concluyó la averiguación del ministerio público estatal.

Sin apoyo local

Tras el nulo apoyo de la Procuraduría local, Irinea acudió ante el máximo tribunal del país argumentando las notables deficiencias de la Procuraduría de la entidad en la investigación de los casos de violencia contra las mujeres, por lo que estima que éstas no reconocen la incidencia y gravedad del problema. 

Además, señaló que la impunidad de estas violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno de violencia contra las mujeres, el sentimiento de inseguridad en las mujeres y una profunda desconfianza en el sistema de impartición de justicia.

Los efectos de la resolución son obligar al Estado de México a investigar de nueva cuenta el caso como un probable feminicidio. 

Este es un mensaje para los funcionarios corruptos y para que el Estado de México reconozca omisiones en las investigaciones, es momento de reconocer que hay un grave problema de violencia contra las mujeres”, explicó Rodolfo Domínguez, abogado de Irinea Buendía.

La SCJN planteó las medidas que deben adoptar las autoridades mexicanas para considerar que están cumpliendo con su obligación de investigar efectivamente los hechos denunciados como casos de violencia contra las mujeres y, en específico, las diligencias técnicas criminalísticas que se deben realizar para que se respeten los derechos fundamentales de las víctimas en la investigación de posibles delitos de feminicidio y otros delitos de género.