Madre busca justicia por la desaparición de su hijo

Marisela Rivera es una de las 41 mil personas que salieron de Tamaulipas en años recientes y que buscaron refugio en comunidades vecinas.

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Marisela Rivera exigió explicaciones a la Marina y a diferentes instancias de justicia estatal y federal sobre la desaparición de su hijo. (Yahir Ceballos/proceso.com.mx)

Marisela Rivera exigió explicaciones a la Marina y a diferentes instancias de justicia estatal y federal sobre la desaparición de su hijo. (Yahir Ceballos/proceso.com.mx)

Alma Paola Wong/Milenio
NUEVO LAREDO.- Marisela Rivera y su familia fueron empujadas por la violencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia el otro lado de la frontera: a Laredo, Texas.

La mujer, de 55 años, aprieta contra su pecho una fotografía de Usiel Gómez Rivera. Es su hijo. La noche del 5 de junio de 2011, a los 32 años, lo levantaron. Desapareció. Ella afirma que hombres uniformados con chalecos de la Marina Armada de México lo interceptaron en la colonia Mirador y tras someterlo le dispararon con una pistola eléctrica para llevárselo.

“Andaba con su esposa en el auto cuando carros de los marinos le cerraron el paso, lo bajaron con violencia y a ella le dijeron que se hiciera a un lado con la niña”, relata.

En la búsqueda de su hijo, Marisela recibió amenazas que la orillaron a dejar el país a finales de ese mismo año, pese a la situación migratoria ilegal de sus hijos y nietos.


“Dejé Nuevo Laredo porque vi que corríamos peligro, que no teníamos protección. Hui. Les dije a mis hijos: ‘Vamos a tener que irnos por la violencia’, por lo que estaba pasando sobre mi hijo”, lamenta.

Antes de eso, ya había padecido un horror similar...

Un año antes, una de sus hijas y su nieta sufrieron un asalto a mano armada, por el que casi pierden la vida. Los delincuentes les dispararon a quemarropa para despojarlas del auto en el que viajaban, dejando a la joven con heridas que le hicieron perder un pecho y a la niña, de apenas dos años, con afectaciones motrices en el brazo.

Pero lo peor vino después de la desaparición de su hijo: sujetos con chalecos de la Marina dispararon contra su casa. Luego recibió una llamada anónima en la que le advertían que dejara de reclamar justicia. “Abandoné todo, no pensé en mi casa, no pensé en nada, lo que pensé fue poner a salvo mi familia, mis nietos. Sentía que yo era la siguiente, que vendrían por mí”, recuerda.

Sentada en un pequeño sillón, en una casa sencilla en algún lugar de Laredo, en Estados Unidos, la mujer ahora se siente un poco más tranquila porque, asegura, puede seguir dando la batalla por sus ocho hijos y nietos.

“Si ya había perdido uno, no quería otra desgracia más, había que salir”, dice.

Afuera de la pequeña vivienda, sus nietos no dejan de reír. Para ellos la violencia quedó atrás.

Pero, Marisela no está completa. “Yo no abandono el caso de mi hijo y desde aquí lo sigo peleando”.

La respuesta de la Marina

La desaparición forzada de Usiel Gómez Rivera formó parte de seis casos que ocurrieron del 2 al 5 de junio de 2011, en Nuevo Laredo, y de los que los familiares de las víctimas responsabilizan a la Marina Armada de México.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de esta ciudad fronteriza, señaló que las familias agraviadas presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a finales de ese mismo mes.

Marisela Rivera exigió explicaciones a la Marina y a diferentes instancias de justicia estatal y federal, pero fue en vano. Se fue a rastrear.

El 14 de junio de ese mismo año, la Secretaría de Marina emitió el comunicado 195/2011, en el que rechazó que personal naval participara en estas detenciones.

“Con relación a diversas notas informativas difundidas en distintos medios de comunicación escritos y electrónicos sobre la presunta detención arbitraria de personas por parte de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante los primeros días de junio, se niega categóricamente que personal naval haya participado en dichos aseguramientos”.

Ante la insistencia de los familiares, días después la dependencia difundió el boletín 216/ 2011 en el que reconoció que tuvo contacto con los seis detenidos, pero negó privarlos de su libertad.

“Al operar información de inteligencia que apuntaba que en varios domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encontraban elementos de la delincuencia organizada y al reconocer dichos lugares el día 5 del actual, se reconoce que se tuvo contacto con seis de las personas presuntamente detenidas, de nombres José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera.

“Hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado y, menos aún, privado ilícitamente de su libertad a estas personas. Asimismo, debe señalarse que no se encontraron elementos que permitieran establecer su pertenencia a alguna célula criminal.

“Debe advertirse la posibilidad de que grupos delincuenciales hayan intervenido con posterioridad a los hechos en los que participó personal naval. Ello incluso presumiblemente con el fin de promover indirectamente imputaciones que distraigan las operaciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población”, sostuvo la institución en aquel momento.

Un año después, en agosto de 2012, la CNDH emitió la recomendación 39/2012 dirigida a la Marina en la que pidió encontrar a las seis personas que fueron detenidas por efectivos de la dependencia antes de desaparecer, o bien en caso de no presentarlos con vida, informar dónde estaban sus restos.

Hasta ahora no ha habido mayores avances.

Se van

Para el activista Raymundo Ramos, este tipo de hechos fueron los motivos más fuertes para que entre 2006 y 2013 se registrara el mayor desplazamiento de familias en la entidad.

“El desplazamiento es un fenómeno silencioso, doloroso y poco atendido. Aunque existen los reportes de las autoridades, siempre habrá otras cifras. Se calcula que 50 mil personas a lo largo de Tamaulipas y estados aledaños pudieron haber dejado de sus hogares a causa de la violencia.

“Esas familias se fueron al área de Texas, las más cercanas, otras más al norte de Estados Unidos, pero también hubo familias que se desplazaron hacia el interior del país, incluso la Ciudad de México”, dijo.

Unas 41 mil personas, de las 151 mil 620 que abandonaron Tamaulipas entre 2009 y 2014, lo hicieron por inseguridad y violencia, según reveló la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, elaborada por el Inegi.

Juan Ángel Martínez Salazar, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, sostuvo que gran parte de quienes abandonaron el estado en aquellos años han regresado, pues las condiciones de seguridad son mejores.

“Nuevo Laredo vivió algunos años donde fuimos rehenes de una situación de violencia muy palpable... desde 2013, el éxodo que alguna vez se dio comenzó a ir a la baja”, aseguró.

Las cifras actuales de los delitos no se comparan con lo que ocurría hace más de cuatro años en esta frontera, sin embargo, siguen presentes los homicidios dolosos, extorsiones y secuestros. Mientras que en 2012 se registraron 288 asesinatos, en 2015 fueron 75. La extorsión aumentó de 36 a 39 casos en el mismo periodo.

Pero Marisela no podrá volver a su casa. A México. “Yo no pienso regresar, a menos que pase algo, pero por mi parte, ni yo ni mi familia vamos a regresar. Ya no hay paz”.

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