Detenidos con armas en Periférico 'acababan' de firmar contrato laboral

Dan cuatro meses de plazo a la investigación en el caso de los siete presuntos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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Los cinco hombres y las dos mujeres arrestadas en dos vehículos (foto) con armamento de uso exclusivo del Ejército en Mérida, firmaron un contrato laboral tres días antes de su detención. (SIPSE)
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Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- El Ministerio Público Federal continúa las investigaciones del caso de los siete detenidos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, incluyendo la procedencia de la empresa constructora que se presume los contrató para trabajar en Mérida y determinar si está involucrada en con el crimen organizado, dijo el delegado de la PGR, Juan Manuel León León.

Como hemos publicado, el Juzgado Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, vinculó a proceso a las siete personas detenidas por la Secretaría de Seguridad Pública con armas de uso exclusivo del Ejército. Además, les decretó la prisión preventiva como medida cautelar.

Entrevistado sobre este asunto, el delegado de la PGR, Juan Manuel León León, confirmó que el juzgado federal otorgó al Ministerio Público Federal un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria de este caso.

Indicó que a pesar de que la presunta empresa constructora ofreció los contratos, así como vivienda e incluso pagar las garantías económicas a los detenidos, prevalecieron los datos de prueba aportados por la PGR sobre la posibilidad de que se dieran a la fuga.

El delegado de la PGR señaló que entre las investigaciones figura la constructora en cuestión, pues durante la fase inicial agentes de la Policía Federal Ministerial no encontraron la empresa en la dirección en el fraccionamiento San Carlos de Toluca que dieron los detenidos.

La idea es determinar si esa constructora podría estar vinculada con el crimen organizado., enfatizó.

Como publicamos, el día 21 pasado, la juez primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Oral, María Margarita Romero V.elázquez, vinculó a proceso a Oscar V. L., José Gustavo A. O., Edgar Ricardo S. G., Eduardo P. C., Jorge O. J., Brisa Iveth S. M. y Geovana J. M., a quienes se les relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Como medida cautelar les decretó la prisión preventiva por delitos que violan la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que se les decomisó cuatro pistolas, cuatro cargadores y 44 cartuchos útiles 9mm, que llevaban ocultas en dos camionetas.

Contrato previo al arresto

En la diligencia de ayer, la defensa exhibió el contrato que la empresa realizó con los ahora detenidos y que está firmado el 10 de octubre de 2016, o sea tres días antes del arresto.

La defensa explicó que esta empresa tiene el proyecto de construir 5 mil casas en un fraccionamiento denominado “Punta de Agua”, cuya primera etapa ya comenzó y consistirá en 900 viviendas.

También mencionó que la constructora tiene asignado una vivienda a estas personas para que habiten durante la relación laboral e incluso se haría cargo de pagar las garantías económicas que en su momento fijara este tribunal al modificar las medidas cautelares.

Sin embargo, las fiscales exhibieron informes de agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, que indicaron que la empresa en la que varios de los acusados dijeron que laboraban en Toluca, no existe, así como los familiares dieron diversas versiones de la estadía de los ahora vinculados sobre su estadía en Mérida, pero ninguno era por una cuestión laboral.

Los cinco hombres dijeron ser choferes y las dos mujeres aseguraron que se desempeñaban como niñeras.

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