Israel Cárdenas/Milenio Novedades
PROGRESO, Yuc.- El sector empresarial de Progreso reprobó el primer año de gestión del alcalde, José Isabel Cortés Góngora, a quien señala como responsable del incremento de la delincuencia, del ambulantaje, de la falta de servicios en el agua potable y de un colapso en el sistema de la recolección de basura, los cuales -consideró- que ya tienen impacto negativo en la economía del principal puerto de Yucatán.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Progreso, Martha Isabel Trejo, declaró ayer que en los últimos doce meses el presidente municipal no ha hecho las gestiones para otorgar servicios básicos de calidad al ciudadano, lo cual ya afectó al sector económico.

“Yo veo un año nulo; como Cámara empresarial, no vemos resultados en el primer año de gestión del alcalde José Isabel Cortés; no ha apoyado a los comerciantes de Progreso pero en contraste concesiona espacios a empresas del ramo de las bebidas alcohólicas. Tampoco ha mejorado los servicios a la sociedad como el del agua potable y su propuesta de privatizarla, asimismo el problema de la basura, yo veo un primer año de gestión muy bajo y sin ningún acuerdo con los comerciantes”.

La dirigente empresarial otorgó una calificación de 2 en el rango del 1 al 10 al alcalde José Isabel Cortés, al considerar que ha permitido el incremento de la delincuencia.

Agregó que el sector empresarial ha insistido en un diálogo con el ayuntamiento para presentar las diversas problemáticas del municipio, pero que el alcalde se ha negado a dialogar con ellos.

“Lo que pedimos es un acercamiento con la ciudadanía, y en este caso con el sector comercial para que cualquier proyecto que haga la administración municipal primero pase por la cámara para verificar que no salgamos perjudicados”.

Más ambulantes

En este contexto, Martha Isabel Trejo agregó que en los últimos meses el ambulantaje se incrementó, y por ello pedirán un encuentro con la autoridad municipal hasta que ésta realice o, de lo contrario, tomarán las medidas que sean necesarias.

“El Malecón de Progreso ya está privatizado porque el alcalde lo concesionó a una empresa de bebidas alcohólicas. Hemos tenido quejas de los comerciantes porque dicha cervecera ocupa los principales puntos de ese sitio y perjudica las entradas a los comercios de la zona, el turismo ya no se acerca a los restaurantes porque las áreas públicas parecen cantinas”.

“Los servicios han sido pésimos, la seguridad en el puerto es nula, ha habido muchos robos, la delincuencia se ha incrementado, no contamos con seguridad”.

La entrevistada reveló que los empresarios de Progreso están analizando la posibilidad de pedir la intervención del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal para frenar los problemas de seguridad y de servicios básicos que están afectando económicamente al sector empresarial y a la población.

“Malos servicios en el agua potable, el grave problema de la basura, el ambulantaje y la seguridad han sido peores este año; el alcalde está perjudicando al sector restaurantero y al sector comercio principalmente los que están establecidos en el Malecón”, dijo la presidenta de la Canaco Servytur Progreso.

Algo 'huele mal'

En el último año la recolección de la basura en Progreso se cobra a criterio de los recolectores y sin el aval del Cabildo dado que el alcalde, José Isabel Cortés Góngora, no ha firmado un convenio con el Sindicato de Recolectores de Basura. 

Desde hace unos meses Cortés Góngora está promoviendo concesionar el servicio al capital privado, lo cual ha generado manifestaciones por parte de los integrantes del citado sindicato que han derivado en cierres de calles y reuniones con el munícipe, pero sin llegar a acuerdos dado que la administración municipal no cuenta con los recursos económicos para invertir en la construcción de un relleno sanitario como marcan las normas federales, estatales y municipales.

Con base en especialistas en materia ambiental el Ayuntamiento de Progreso está violando la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que especifica el establecimiento de rellenos sanitarios para disminuir el impacto al medio ambiente.